Hace unos meses apenas, parecía que México era el país de “no pasa nada”, pues parecía que nada ocurría en verdad, a pesar del hartazgo y de la precariedad en la que vive la mayoría de la población, a pesar de los golpes tan duros hacia la clase trabajadora, de la cerrazón hacia el magisterio y  los estudiantes, del abandono del campo; a pesar del incremento de la delincuencia en general y del narcotráfico en particular; a pesar de las vejaciones, de la burla, del cinismo, de la corrupción. Pero de nueva cuenta, como ya otras veces, la situación cambio y se tornó en su contrario, la lucha del IPN, que logró hacer que Osorio Chong diera la cara (aunque por supuesto fue una jugada del gobierno, nadie podrá negar que en otras condiciones jamás habría salido un lacayo de su nivel a enfrentarse con los politécnicos), la lucha por la aparición con vida de los normalistas de Ayotzinapa, que demostró que la unidad se puede lograr a un nivel más elevado que el del mero discurso, la lucha que estalló (y sigue vigente) y retumbó en todo el país, y que unió los gritos de ¡justicia!, fue ese momento en el que resurgieron las autodefensas, en el que los maestros de Guerrero salieron otra vez a la lucha, fue el momento preciso en el que el país se echó a andar, fue el momento en que ya nada fue igual, nada ya será igual, la lucha que se desató y que sigue vigente tomará diversos caminos, y ya los está tomado. Un ejemplo es la lucha de los jornaleros de San Quintín en Baja California, pusieron un alto y se fueron a paro.

En dos años, el gobierno de Peña Nieto había avanzado a pasos agigantados en reformas por mucho tiempo soñadas por la gran burguesía. Parecía un gobierno imparable al que el movimiento de los trabajadores no podía hacer frente de manera seria. Pero décadas de ataques y luchas han llevado a que de manera subterránea se vaya desarrollando un gran cuestionamiento al sistema y al régimen que lo sustenta, un sentimiento de que las cosas no van bien y que hay que actuar para que cambiar de raíz al sistema se apodera de la sociedad. Un ejemplo, son los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, que emprendieron una huelga de 76 días para luchar por su futuro, por educación de mayor calidad y democrática. Casi al mismo momento que 44 escuelas del IPN entraban a un paro generalizado los acontecimientos en Ayotzinapa, donde fueron asesinados 3 estudiantes y desaparecidos 43 más, han sacudido al país entero y pusieron los ojos del mundo en México. 

La detención del líder de los caballeros templarios La Tuta  reafirmó lo que hemos mencionado desde hace algunos años, el gobierno federal no está decidido a dar una batalla frontal contra el crimen organizado, este problema social fue usado por el gobierno de Calderón para legitimar su gobierno costándole al país más de 121 mil muertes. 

Después de la conferencia de prensa que ofreció el extitular de la PGR Jesús Murillo Karam, el pasado 27 de enero del presente, podemos observar que sus declaraciones sobre “la verdad histórica” de la desaparición de los 43 compañeros normalistas de Ayotzinapa, no son más que un intento desesperado del el gobierno federal para dar carpetazo al caso y con esto apaciguar el clamor social que este hecho de barbarie desencadenó. A pesar de sus datos supuestamente científicos, la conclusión de esta investigación deja muchos huecos que los padres de los desaparecidos no creen y su falta de confianza en esta teoría, es respaldada por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que declaran que no hay la evidencia científica suficiente para asegurar que los 43 estudiantes fueron llevados a calcinación total sin dejar rastro en un basurero y que inclusive la PGR forzó resultados y ocultó información del caso.

No le ha tomado mucho tiempo a la reforma energética del gobierno federal para hacer sentir sus primeros y funestos estragos a la clase trabajadora mexicana. La promesa vacía con la que esta reforma fue impulsada por los medios de comunicación burgueses era el descenso de los precios de la electricidad y gasolina, toda vez que la empresa pública más importante del país –Petróleos Mexicanos– firmara contratos de riesgo con compañías petroleras extranjeras para permitirles participar en la explotación de los hidrocarburos en el territorio nacional. Pero no sólo sigue aumentando el costo de los energéticos, como podía anticiparse, sino que también se prevén ya los primeros despidos masivos en PEMEX.

A finales de este mes se discutirá en la cámara de senadores la Constitución del DF entre cuyos clausulados se incluye una iniciativa de ley que pretende pasar a los organismos descentralizados, los autónomos, entre otros, del apartado A al apartado B, esta iniciativa podría aprobarse los primeros días de marzo. De forma sorpresiva en la iniciativa de ley apareció ―por obra y gracia de duendes legislativos― esta modificación al artículo 123 constitucional que no sólo afectará a los trabajadores del DF sino a miles de trabajadores del país.