El pasado 1 de julio se efectuó un violento desalojo de 34 trabajadores por parte de la policía federal y de elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) dentro del hipódromo y galgódromo local en Ciudad Juárez, Chihuahua. Esto bajo el argumento de que en el galgódromo no se pagaba la renta estipulada, por lo tanto, el problema principal fue entre el concesionario José María Guardia y la Federación, dueña del inmueble. Sin embargo, y aunque el galgódromo puede cerrarse y el concesionario lavarse las manos, los trabajadores, que habían emplazado a huelga antes de que el galgódromo fuera ocupado por la policía, habían iniciado una lucha por sus derechos básicos laborales tales como el pago de salarios y prestaciones.