El informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el caso Ayotzinapa ha asestado un golpe demoledor a la llamada verdad histórica del Estado. El GIEI mostró que no hay evidencia científica para asegurar que los 43 normalistas desaparecidos de manera forzada fueron incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero. Al mismo tiempo dejó claro que los mismos no intentaban impedir algún acto oficial y que hubo participación y conocimiento del ataque de parte de diversas fuerzas de seguridad, entre éstas elementos militares.

El gobierno de Peña Nieto ha mandado a arrestar, en la madrugada del 29 de octubre,  a 4 profesores de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Los compañeros detenidos son: Juan Carlos Orozco Matus, Othón Nazariega Segura, Efraín Picasso Pérez y Roberto Abel Jiménez García. Además ha girado órdenes de aprehensión contra 26 profesores oaxaqueños más. La PGR ha señalado que algunos de los profesores detenidos se les acusan de más de un delito y en todos los casos, estos son graves y no alcanzarían libertad bajo fianza.  El argumento de defender el Estado de derecho no es más que la justificación para atacar la lucha de los trabajadores de México y sobre todo a uno de sus sectores mejor organizado y combativo. Este ataque está enmarcado en la ofensiva contra el magisterio, donde se trata de imponer una reforma educativa que, como reiteradamente se ha dicho, no es otra cosa que una reforma laboral para eliminar derechos a los trabajadores de la educación y quitar responsabilidad Estatal al financiamiento de las escuelas.

La noche del 26 de Septiembre de 2014 estudiantes normalistas rurales de Ayotzinapa fueron atacados por células del crimen organizado, en complicidad con fuerzas policiacas municipales, federales y el ejército. Seis personas fallecieron, incluyendo tres estudiantes normalitas, diez resultaron heridos y 43 estudiantes fueron desaparecidos. Estos acontecimientos desataron protestas multitudinarias que pusieron en jaque al gobierno de Peña Nieto y evidenciaron la relación siniestra que existe entre el Estado y el crimen organizado.

La reforma al sistema de salud que la administración de Peña Nieto ha venido anunciando no es más que la privatización de ésta. Para ello ha lanzado la propuesta para la creación del Sistema Nacional de Salud Universal, esto implica la formación de un fondo único para que, supuestamente, se dé un acceso más amplio a los servicios de salud para toda la población pero, de fondo, esta reforma estructural está orientada a la entrega de los recursos públicos para que lleguen a empresas privadas y con ello acelerar la privatización del IMSS e ISSSTE.

El conflicto de clase es, aunque maquillado, también permanente. Los partidos políticos como tales son productos directos del sistema capitalista y de su “democracia representativa”. Por supuesto, en otros tiempos de la historia de la humanidad, ha habido diversos tipos de agrupamientos que se disputaron el poder pero es sólo en los marcos del actual sistema cuando se han afinado de tal modo procedimientos y leyes electorales, que los partidos políticos que buscan contender  por el poder político terminan amoldándose a un esquema de proceder que los acerca mucho entre sí.

El 6 de julio pasado, en un hospital materno infantil en Mérida, una mujer dio a luz en el baño ante la falta de atención oportuna. En realidad situaciones como ésta son de todos los días, pero los culpables no son los trabajadores de la salud sino el sistema capitalista y sus políticas "estructurales".