Las recientes declaraciones de Enrique Peña Nieto (EPN) y su equipo de esbirros en torno a la “modernización” de la industria petrolera a partir de la apertura y “colaboración” con las trasnacionales abren nuevamente el debate nacional en torno a la defensa de la renta petrolera como instrumento de gran importancia en el presupuesto utilizado para la actuación del Estado.

No ahondaremos más en lo ya comentado por una serie de analistas acerca de la farsa que resulta la propuesta de EPN en cuanto al “respeto de la soberanía” y la supuesta “no venta” de PEMEX. En el presente artículo se abordarán  los efectos potenciales de la reforma energética sobre el presupuesto nacional y de la reforma fiscal sobre los segmentos sociales más vulnerables.

 

La batalla por la renta petrolera en México y América Latina

 

El consenso de Washington, evento impulsado por el imperialismo norteamericano, fue el instrumento que utilizaron los capitalistas estadounidenses para impulsar toda una serie de contra reformas ante la crisis crónicas de los estados latinoamericanos en la década de los 80’s.Particularmente se centró en el desmantelamiento de los Estados, las privatizaciones masivas y la desregulación con el objetivo de facilitar la entrada de las multinacionales en los sectores estratégicos.

 

En América Latina los casos de Venezuela, Argentina y Bolivia resultan emblemáticos, no solo por el grado de rapiña de las compañías que saquearon las riquezas energéticas de esos países por décadas sino por los daños que ocasionan al presupuesto público de los Estados, apropiándose de la mayoría de los recursos resultado de la venta de hidrocarburos. Afortunadamente la tendencia se ha revertido y en muchos de los países del sur del continente se ha procedido con renacionalizaciones.

 

En el caso mexicano, a pesar de los continuos intentos de privatización desde la entrada de los neoliberales a la escena política con Miguel de la Madrid, solo con la movilización se ha podido impedir la privatización total de la paraestatal (sin olvidar que ya existen múltiples contratos que permiten la participación privada en diversas actividades relacionadas con el proceso productivo de extracción petrolera). En términos concretos, de acuerdo a datos de la Secretaría de Hacienda, la renta petrolera asciende a casi el 30% del total de ingresos del gobierno, alrededor de $805,206 millones de pesos¹ , ello equivale a tres veces el presupuesto de la Secretaría de Educación Pública, casi siete veces el presupuesto de la Secretaría de Salud y casi 8.5 veces el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social para 2013.

 

La experiencia latinoamericana muestra que la privatización de los recursos energéticos significa en automático la disminución del presupuesto estatal y con ello, la desaparición de servicios y programas públicos que son eliminados por falta de recursos ahora apropiados por las trasnacionales, por ello es fundamental no dar ni un paso atrás en términos de la batalla contra la privatización del petróleo mexicano, en caso contrario sufriremos los efectos que la mayoría de países mencionados tuvieron que padecer a causa del entreguismo de la burguesía de sus respectivas naciones.

 

La reforma fiscal, el tiro de gracia contra los trabajadores

 

Si el proyecto de privatización petrolera prospera el siguiente paso de Peña y sus allegados (PAN y PRD incluidos vía el Pacto por México) será impulsar la contra reforma fiscal para tratar de cerrar el boquete que significará perder los recursos procedentes de la venta del petróleo; en términos prácticos significará aumentar el IVA al 19% y 22%así como extenderlo a alimentos, medicamentos, libros y otros productos que no se encuentran grabados. La gravedad de la reforma reside en que el IVA, por ser un impuesto que se aplica directamente a los productos consumibles, no puede ser evitado.

 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares (ENIGH) 2010 (versión con los datos más actualizados a nivel nacional) en promedio las familias mexicanas destinan el 36.5% de sus gastos a adquirir alimentos y medicinas, sin embargo si se realiza un análisis dividiendo a la población en diez grupos de acuerdo a su ingreso, ordenándolos de menores a mayores ingresos lo que podemos observar es lo siguiente:

 

Es perceptible a primera vista el nivel de desigualdad en cuanto a la división de gasto en alimentos y medicinas, mientras el decil 1, es decir, el de menor ingresos, del total de sus gastos asigna cerca del 49% a la adquisición de alimentos, el decil 10, el de mayores ingresos, asigna solo el 22% a la compra de el mismo tipo de bienes, ahora bien, si observamos de manera compuesta el gasto en alimentos y medicamentos observamos lo siguiente:

 

Desde el decil número 6 hasta el número 1 se caracterizan por al menos utilizar el 40% para compra de alimentos y medicamentos, solo los restantes cuatro deciles utilizan un porcentaje menor. Ante este panorama la reforma fiscal significará que cada segmento tendría que asignar una mayor cantidad de recursos de sus ingresos para poder comprar los mismos productos para su consumo o incluso una cantidad menor. En términos numéricos significaría que, por ejemplo, si cerca de 29 millones de mexicanos, de acuerdo a la última medición de pobreza ², tienen carencias alimentarias, el número de personas en esa condición aumentaría exponencialmente.

 

Las contra reformas que pretende impulsar la derecha en materia energética y fiscal lejos de significar una mejoría en el nivel de vida de la clase trabajadora, los campesinos y la población más vulnerable, son en realidad el intento de acabar de dilapidar la política social que aún se mantiene y cambiarla por estrategias para reforzar la estructura clientelar del partido en el poder, como lo es la Cruzada Nacional Contra el Hambre³, es por ello que la derecha debe ser combatida por todos los frentes, no debemos dar tregua, unificar nuestras luchas y frenar las privatizaciones y el alza de impuestos injustificados.