La desesperación con que la clase gobernante actúa para imponer una ola de reformas antipopulares, cínicas y represivas antes del fin del año se asemeja a la actitud de un ruin ladrón quien, al percatarse de que se acercan los dueños del domicilio saqueado, arroja en su bolsa cualquier objeto de valor a la vista, con su pistola echa un tiro al aire y se arroja con torpeza desde la ventana del segundo piso. Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Mancera y resto del aparato Estatal caminan hacia un suicidio político de dimensiones monumentales.

Para nadie es un secreto que el Metro está en una crisis que se ha agravado en los últimos años, reflejo de la crisis sistémica que vivimos no solo reflejada en la Ciudad de México, sino en todo el país y en el planeta entero. Los síntomas son múltiples y están a la vista: baja frecuencia de servicio incluso en horas pico, paradas intempestivas de trenes a la mitad de los túneles, proliferación de vendedores informales en vagones y pasillos, fallas crónicas de las escaleras eléctricas, deterioro general de las instalaciones y un largo etcétera.

Los problemas que afectan más directamente a la calidad de servicio no tienen que ver con falta de recursos, sino con la mala gestión del sistema. Por ejemplo, la proliferación de vendedores informales en el interior del Metro –en pasillos, andenes, vagones y salidas- sugiere la existencia de una red de corrupción en la cual podrían estar involucrados tanto funcionarios del Metro como policías, además de reflejar la proliferación del empleo informal debido a que el capitalismo mexicano no es capaz de generar empleos formales.

Miguel Ángel Mancera dice haber apoyado su decisión en una serie de encuestas en que después de una media docena de preguntas chantajistas y propagandísticas se les interroga a los ciudadanos sobre su opinión con respecto al aumento de la tarifa del metro.

Tomando en cuenta el salario mínimo, con el nuevo precio del metro (5 pesos), el mismo trabajador tendría que trabajar 1 hora 22 minutos  (1.38 horas) para poder tomar el metro dos veces al día, lo que convierte a México en el país con el sistema de metro más costoso de los países de la OCDE.

Las reformas al Código Penal Federal para aumentar y facilitar la aplicación de las penas por supuestos actos de terrorismo así como la nueva iniciativa de Ley de Manifestaciones Públicas en el Distrito Federal, que pretende imponer horarios y modalidades específicas a las protestas ciudadanas, no tienen otro propósito que justificar la represión a las protestas juveniles y de los trabajadores.

La nueva versión de la contrarreforma energética deja más clara que nunca la intención del Estado mexicano de abrir las puertas del oro negro y la electricidad a las empresas trasnacionales para que saquen jugosos beneficios y le den unas migajas a los administradores del Estado. La reforma permite todo tipo de contratos y licencias legalmente equivalentes a concesiones públicas y otorga al Ejecutivo federal la facultad discrecional de otorgar estas licencias. Será el reparto del pastel más grande y cínico de la historia en el que a todos los políticos y funcionarios cómplices les tocará una sabrosa rebanada.

En este país, el difícil andar de la clase trabajadora, sumergida en una profunda crisis sistémica, en la que los derechos de los trabajadores y las trabajadoras están siendo despedazados por un huracán feroz que se lleva a todos por delante, es necesaria la unidad de estudiantes, trabajadores y organizaciones del pueblo en general frente al enemigo común: el sistema capitalista.