En el contexto de la crisis del capitalismo en todo el mundo, caracterizada por voluminosas movilizaciones de las masas en varios países, la incapacidad de los mercados para recuperarse, la perene amenaza de la recesión económica, los recortes sistemáticos al gasto público y el creciente descontento de los trabajadores en todo el orbe, las revelaciones de Edward Snowden –el ex-analista de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, en inglés) refugiado en Moscú- sobre el programa de espionaje global de los Estados Unidos no sólo han hecho meya en la ya demacrada credibilidad del gigante capitalista, sino que han provocado una tensión diplomática sin precedentes entre éste y otros gobiernos nacionales. Pero no es la invasión de la privacidad de sus ciudadanos en complicidad con los más prominentes proveedores de servicios de comunicación cibernética la que ha concitado la indignación de estos gobiernos, sino cómo hasta 35 jefes de estado fueron blanco directo del espionaje norteamericano. Sin embargo, mientras que la presidente de Brasil, Dilma Rousseff, canceló una cena de estado en la Casa Blanca y se quejó extensamente contra el gobierno de Barak Obama ante la Organización de Naciones Unidas, y la Unión Europea designó a los mandatarios de Alemania y de Francia –Angela Merkel y Francois Hollande, respectivamente- para encabezar un enérgico reclamo ante el gobierno de los EU, la reacción del gobierno mexicano frente a los mismos hechos ha sido remarcablemente tibia y timorata.

El periodista estadounidense Glenn Greenwald, quien difundió el contenido de los archivos sustraídos por Snowden, reveló en Río de Janeiro que la NSA había espiado a Enrique Peña Nieto cuando era candidato a la presidencia de México, logrando saber los nombres de los integrantes de su gabinete antes de que se hicieran públicos. Además, se supo que Felipe Calderón también fue espiado por los EU durante su gobierno. En contraste con las enconadas reacciones de los mandatarios de otros países, Peña Nieto apenas se atrevió a pedir explicaciones al gobierno estadounidense y requirió de este una investigación “con consecuencias” (acostumbrado como está a la simulación). No obstante, en todo momento se mostró obsequioso y sutil, velando apenas el carácter puramente mediático y retórico de sus reclamos y el temor subyacente de lesionar en cualquier modo su relación de dependencia con Washington.

Pero sería limitado atribuir esta respuesta únicamente al carácter servil del gobierno de Peña Nieto o a la tradicional subordinación de los gobiernos priístas frente a los estadounidenses: detrás de las dificultades diplomáticas que enfrenta EU se encuentra la competencia entre los grandes capitales del mundo, en la que la burguesía mexicana sigue mostrando su carácter colonial. No se trata, pues, de un asunto de soberanía el que respalda el enfado de los gobernantes espiados, sino la pelea por ventajas comerciales para los oligarcas locales a los que sirven, en el contexto de la contracción de la economía capitalista mundial que ésta ha provocado; del mismo modo que la lucha contra el terrorismo no es el verdadero motivo del espionaje sino apenas un pretexto. Las revelaciones de Snowden han puesto en alerta a las grandes empresas trasnacionales de todo el mundo, haciéndolas usar a los gobiernos nacionales y sus aparatos diplomáticos como arietes en la pugna por sus intereses, que se resumen en la acumulación de capital. Si los gobiernos de la UE han sido asertivos en sus reclamos y el de México no, ha sido por la correlación de las fuerzas entre las oligarquías que los sostienen en el poder. El estado-nación apenas es una careta de este conflicto, que estorba a la lucha internacional de los trabajadores para emanciparse como clase.