El precio de los minerales sigue siendo arrastrado hacia abajo por la desaceleración china y las amenazas de una nueva recesión mundial. El valor de la libra fina de zinc, plomo y estaño ya cayó por debajo de los niveles de 2008 y 2009, así como la onza troy de plata. Un panorama sombrío que los mejores pronósticos de las autoridades del gobierno esperan pueda revertirse pero solo a partir de 2018.

En estas estimaciones se revela toda la incomprensión de la actual crisis estructural del capitalismo que el propio MAS proclama en todos los foros internacionales sin extraer ninguna consecuencia política concreta. La clase dominante mundial está en un callejón sin salida. Para reponer las tasas de ganancias a un nivel provechoso necesitan despidos, intensificar la explotación laboral, abaratar costos; pero todas estas medidas solo deprimen aún más los mercados ante una sobreproducción insostenible.

El reformismo está impotente: sus armas tradicionales como el gasto público de los Estados por un lado es insuficiente ante la profundidad de la crisis, por el otro se ha hecho imposible por el elevado nivel de endeudamiento legado de la bonanza anterior. Los pronósticos sobre una recuperación de los precios internacionales de las materias primas se basan en la idea que sea posible estabilizar esta situación. Los repuntes serán en cambio siempre más raquíticos y de breve duración, como raquítica y de breve duración ha sido la recuperación económica en algunos países industrializados.

En 2015 las exportaciones mineras han registrado su peor caída en 10 años de gobierno del MAS: -7,94% en volumen y -21,13% en cuanto a valor (Fuente: INE). Lo peor: este resultado negativo se da después de tres años, 2012, 2013 y 2014, en que el valor de las exportaciones venía cayendo a un promedio del -5,43%, con un pico del -14,44% de 2012, sin que ninguna de las medidas que hoy se anuncian desde el gobierno – principalmente en prospección minera – hayan logrado los efectos esperados.

Las inversiones mineras languidecen. Según el informe de la gestión 2014 del Ministerio de Minería (el último disponible) el gasto público programado en este sector, del cual debería medirse la efectiva voluntad de refundar y fortalecer la COMIBOL, ha sido de 8.594 millones de bolivianos, de los cuales el 87% son gastos corrientes, y su ejecución ha sido del 78,01%. Los proyectos de inversión tenían un presupuesto de 106 millones de dólares, de los cuales solo se ejecutaron 35 millones de dólares (el 33,15%). Es un resultado peor que el de 2013 cuando se presupuestaron 118 millones.

El plan estratégico para la minería supone una inversión pública de aproximadamente 300 millones de dólares por año hasta 2020. Sin embargo la entidad encargada de la prospección y exploración minera (SERGEOMIN) tiene hasta ahora un presupuesto asignado que es menos de la décima parte de lo que la sola estatal chilena CODELCO destina para este fin.

Por otro lado hay que evaluar estas inversiones no solo en términos cuantitativos. En Huanuni se inauguró un nuevo ingenio, que es necesario para aumentar los volúmenes de producción, y pocos meses después resultó que el ingenio no funciona porque, increíblemente, no se había tomado en cuenta que necesita agua. Algo similar está pasando con la fundidora de Karachipampa. Esto es consecuencia del hecho de que no existe una administración obrera en las empresas públicas. Así los objetivos de ejecución presupuestaria son perseguidos de manera burocrática, sin cuidado por su real eficacia: números para las rendiciones de cuentas.

En el sector privado la inversión en 2013 fue de apenas 80 millones de dólares. Aunque se desconocen todavía los datos para 2014 y 2015, la reducción de la inversión extranjera directa deja suponer que incluso esta mísera cifra se ha ido reduciendo. Hay multinacionales como Glencore asociada al Estado en la sociedad mixta Illapa SA, operadora, entre otros, de la mina de Porco en el departamento de Potosí, que comprometieron inversiones que no llegan sin que se le llame a cumplir con el contrato.

El Ministro Navarro ha afirmado que: “En 2015 tuvimos reuniones con los empresarios y  garantizamos que no habría cierre de operaciones ni despidos; hemos garantizado el mismo volumen de producción. Para este año  tendremos similares reuniones”. En realidad según los datos oficiales ha habido en 2015 una reducción importante del volumen de producción y luchas – en Huanuni, Sinchi Wayra y en la Reserva Tres Amigos – contra despidos y violación de derechos laborales. Además el mismo Estado ha sido el primero en despedir en la Empresa Siderúrgica el Mutún (ESM). Con este panorama de agudización de la crisis es más que seguro que estos problemas se multiplicarán.

En Bolivia tenemos a 131.640 trabajadores mineros (datos del Ministerio de 2014), de los cuales poco más de 110 mil son cooperativistas. Tanto en el cooperativismo como entre los asalariados prevalece una natural, a un principio, actitud defensiva frente a la crisis: todos esperan que de alguna manera el gobierno los proteja, algo que por lo visto ocurre solo superficialmente por lo que a los efectos inmediatos de la crisis se refiere y sin una perspectiva para liberarnos de las crisis y los chantajes empresariales.

Los cooperativistas se han dividido, con los auríferos que han conformado una federación nacional propia. Este sector, el más semiempresarial, quiere evidentemente poder negociar directamente con el gobierno cuestiones tributarias o sobre el precio del oro adquirido por el Estado. FENCOMIN debe todavía conquistarse un apoyo similar ante la bajada de los precios.

En el último Congreso de la FSTMB la nueva directiva ha comprometido una lucha por la defensa de las fuentes de empleo. Algunas tendencias han propuesto que el Estado pueda comprar y almacenar el mineral a través del SENARECOM, para venderlo cuando los precios vuelvan a subir. Por otro lado diputados mineros del MAS proponían que todas las minas abandonadas por los titulares de la concesión pasen a manos de los trabajadores.

Es algo que se tiene en común con FENCOMIN en esta etapa y no representa ninguna solución. Si el Estado almacenara el mineral actualmente solo estaría garantizando las ganancias de las multinacionales, ganancias erosionadas por la crisis pero todavía elevadas en relación a las pocas inversiones realizadas. Y la otra propuesta solo llevaría a una cooperativización de los yacimientos sin afrontar el problema de la producción, las inversiones y la productividad.

El futuro es que la crisis se agudice y prolongue. En un determinado momento la defensa de los trabajadores mineros deberá necesariamente empujarlos al protagonismo directo. Por esto es importante dotar a las vanguardias obreras del programa y las perspectivas correctas, para que puedan intervenir y afrontar las luchas que se presenten construyendo a través de ellas una consciencia y un frente revolucionario entre los trabajadores mineros.

Los problemas como dicho son inversiones que hagan el trabajo minero más productivo, incrementando así la producción y recuperando en volúmenes y eficiencia productiva lo que se pierde en precios. Pero esto solo será posible desde la nacionalización de toda la minería para poder planificar su relanzamiento e industrializar este sector. Por otro lado queda demostrado que sin administración obrera el burocratismo hace las empresas estatales más ineficientes y/o corruptas que las privadas, perjudicando los recursos asignados.

El hecho que hoy tanto los asalariados como los cooperativistas vivan la misma situación de crisis puede llevar a una alianza hasta ayer impensable. Es necesario que desde el movimiento sindical se plantee al cooperativismo la compra de sus minerales en base a la nacionalización bajo administración obrera de las multinacionales mineras, para que ellos apoyen esta lucha. Las cooperativas que cumplan con el espíritu auténtico del cooperativismo e incluso las otras donde el trabajo es por segunda y tercera mano, cuadrillas de peones etc., si permiten la organización sindical a su interior, deberían ser incentivadas a sumarse a la planificación nacional de la minería, con el ofrecimiento de apoyo técnico, tecnológico y de inversiones.