Impulsados por el gobierno de Peña Nieto, los partidos del Pacto por México —creado el 2 de diciembre de 2012 por el PRI, PAN y PRD— votaron entre otras las reformas energética, la financiera y la educativa. La reforma educativa fue aprobada sin consultar a los trabajadores de la educación. Sólo después de grandes movilizaciones los sectores más avanzados, entre éstos Oaxaca, Michoacán, Guerreo y Chiapas, obligaron al gobierno a realizar 9 foros estatales y uno nacional, del 31 de mayo al 12 de julio del 2013.  

 

Incluso la Secretaria de educación pública, un poco después, en febrero del 2014, convocó a mas foros para “discutir la reforma con todos los sectores”. Pero las reformas a los artículos 3 y 73 constitucionales ya habían sido publicadas en el Diario Oficial de la Federación; ¡sólo una farsa para tratar de calmar los ánimos de los sectores que en ese momento estaban movilizados! 

El 23 de agosto del 2013, los legisladores —incluso atrincherados como ratas en una sede alterna debido a la presión de los maestros de los estados— aprobaban la ley General de Educación y la del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Por cierto, también votaban una medida que no había sido mencionada en el paquete: la nueva ley de Servicio Profesional Docente, que de manera tramposa fue incluida de último momento.

 

Para crear una reforma que verdaderamente sirva a la sociedad es necesaria la participación de los sectores realmente involucrados. En la reforma mal llamada educativa tendrían que haber intervenido los profesores que enseñan y conviven a diario con los alumnos, que saben cuáles son los problemas que los aquejan. Todos los que saben cómo trabajar con infinidad de carencias en los centros escolares, los que realmente resuelven los problemas  a diario en las escuelas.  Y no los que en oficinas lujosas de la SEP pretenden resolverlos sentados detrás de un escritorio.  

 

En febrero del 2013 fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación las reformas a los artículos  3 y 73 constitucional. Se crea el  Sistema Nacional de Evaluación Educativa (INEE), “encargado de evaluar la calidad y el desempeño”  en educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. 

 

Este órgano ya existía desde agosto del 2002, con el gobierno de Vicente Fox,  pero no tenía el poder que ahora tiene. La consejera presidente del INEE, Sylvia Irene Schmelkes del Valle, que fue elegida por cuatro años a partir de abril del 2013,  es una persona que siempre ha sido cercana a los círculos del poder con los gobiernos priistas y panistas. Su formación es totalmente de derecha; una prueba más de que el INEE no trabajara en favor de los trabajadores de la educación.

 

Las Leyes Generales de Educación

 

Estas leyes fueron publicadas el miércoles 11 de septiembre de 2013. En este decreto se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, se expide la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD)

 

La LGSPD es la ley que causa mayor agravio, ahí se habla de la evaluación obligatoria de docentes, directivos y supervisores escolares, considerando al menos una evaluación cada 4 años. Para quienes no alcancen un resultado satisfactorio, así lo dice la ley en el capítulo VIII: “…se darán por terminados los efectos del nombramiento correspondiente sin responsabilidad para la autoridad educativa”. Dicha ley es bien clara, ahora, para matizar, las autoridades dicen que no serán despedidos, que los docentes sólo serán cambiados a actividades administrativas.  Pero tampoco se explica en qué términos; ¡otra mentira más! Los evaluadores tampoco se salvan, deberán ser certificados por el instituto, ¿y de dónde los sacaran? Pues de los mismos profesores, que también serán separados del trabajo si se niegan.

 

Se borran de un plumazo todos los derechos adquiridos, todo será controlado por el INNE: los ingresos, las promociones y la permanencia en el trabajo. ¿De verdad será que desaparecerá la corrupción, el amiguismo y el influyentísimo? ¿De verdad mejorara la educación en México? Es un hecho que no, la reforma está hecha para mantener controlado al magisterio, para que desaparezcan las disidencias; sólo el INEE conocerá los resultados de las evaluaciones, que no serán trasparentes. Éstos decidirán en realidad a su antojo quién entra y quién sale del servicio docente y a quién ponen en los puestos directivos. Sólo mantendrán a los docentes que estén dispuestos a trabajar jornadas largas, con mucha carga de trabajo y con poco salario.

Las nuevas leyes están hechas a modo, también para que los grandes empresarios puedan invertir en las escuelas. Impacientes, se frotan las manos para comenzar a hacer grandes negocios con la educación. ¿A poco creen que Claudio X. González, presidente de Mexicanos Primero, de verdad está preocupado por la juventud y niñez mexicana? Debemos saber que la fundación Mexicanos Primero fue creada por televisa y poco a poco se fueron sumando otras grandes empresas como Bimbo, Bachoco y Banamex; todas empresas  rapaces que lo único que les interesa es llenarse los bolsillos de dinero a costa de la educación y explotación de los trabajadores.

 

Las leyes no son retroactivas, o sea que esta reforma no tendría por qué afectar a los trabajadores en servicio contratados antes de esta ley, pero se aplicará por igual a todos, pasando por alto el artículo 14 constitucional. 

 

Exámenes de Permanencia

 

La primera evaluación fue la de promoción a director, supervisor o asesor técnico pedagógico, que estaba prevista para realizarse del 13 al 26 de junio. Informes de la SEP indicaron que 59 mil 554 docentes se registraron para esta evaluación. Cifras oficiales, pero aun así los números son bajos para más de 1 millón 300 mil trabajadores de la educación, sin dejar de mencionar que en muchos estados boicotearon el examen. Los profesores que decidieron participar por cuenta propia se encontraron con un examen que tenían que resolver en casi 9 horas. Además, un examen para verdaderamente reprobarlo. Todo esto ha causado demasiada rabia, incluso entre los simpatizantes de la reforma. 

 

El otro es el examen de Oposición al Servicio Profesional Docente, que se aplicó del 4 al 19 de julio y en el que los normalistas y egresados de carreras hacen el examen para obtener una plaza como profesor. Con el argumento de que el que no apruebe el examen no está capacitado para dar clases, pueden controlar el número de personas que entran a laborar en la docencia. Nada más que otra burla a la sociedad.

 

Durante el mes de junio del 2015, a través de correo electrónico o en circulares cerradas con sobres, llegaban las notificaciones para realizar los exámenes de permanencia. No a todos, sino sólo a un número reducido de profesores. La orden era clara: si no se presentan al examen, serán “separados del servicio”. Como parte de esta tercera evaluación de permanencia, el director de cada escuela tiene que entrar a la plataforma de servicio profesional docente y llenar un informe sobre el profesor. El trabajador evaluado tendrá que subir un expediente de cuatro evidencias también en la plataforma. Algunos de los maestros que comenzaron a subir sus evidencias se encontraron con que al final les aparecía una leyenda que les pedía que renunciara a sus derechos adquiridos. Instrumentos preparados tramposamente para enganchar al docente.   

Casi la totalidad de las 109 mil escuelas en todo el país se encuentran en  total abandono. Y ahora, con la autogestión, el estado pretende que la comunidad escolar pague la luz, agua y todos los desperfectos de la infraestructura. Los gobiernos no se han preocupado por mejorar las condiciones en que viven los niños y sus familias. ¿Será posible que con un examen estandarizado aplicado a los profesores mejore la educación?

 

Lucha de clases

 

Durante un periodo largo, la Secretaría de Gobernación simuló dialogar con la CNTE, incluso llegó a firmar ciertas minutas que no cumplió; ha roto todo dialogo. La reforma del gobierno y los empresarios ha llegado lejos, y por ningún motivo piensan dar marcha atrás.  Los intereses son opuestos: mientras los empresarios piensan acrecentar sus grandes fortunas y mantener una vida de lujos, los trabajadores lo que queremos es un empleo que nos pueda dar una vida digna a nosotros y a nuestras familias. 

 

Sectores magisteriales del país están entrando a la lucha como no se había visto antes. Aunque todavía falta mucho por hacer, la toma de conciencia va en aumento. Organizar la Huelga General con todos sectores es una prioridad.  Parece que no habrá términos medios, auguramos duros enfrentamientos.