La iniciativa del PRI modifica los artículos constitucionales 27 y 28 y legaliza los contratos con particulares en materia energética, tanto en el ramo eléctrico como en el petrolero dejando los artículos de la siguiente forma:

Artículo 27.

[…] Corresponde exclusivamente a la Nación el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en dichas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica.

Artículo 28.

[…] al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia. Tratándose de electricidad, petróleo y demás hidrocarburos, se estará a lo dispuesto por el artículo 27 párrafo sexto de esta Constitución.

Estas modificaciones terminan por liquidar el contenido progresista de la constitución de 1917 y entierra la gloriosa expropiación petrolera cardenista de 1938, la cual no fue resultado de un buen gesto de un gobierno progresista, sino de un proceso de lucha de los trabajadores petroleros y el pueblo  organizado. El gobierno de Cárdenas fue sensible a las demandas de los trabajadores, aunque la expropiación no pudo ser completada en ese momento y ello lo demuestran las limitadas leyes que se promulgaron en 1940.

Ahora el  régimen ha lanzado una campaña mentirosa y dolosa, para justificar la privatización de las ganancias petroleras, contra la memoria del Presidente Lázaro Cárdenas al afirmar, en anuncios repetidos hasta el hartazgo, que éste estaba a favor de los contratos con empresas privadas, pero esto es absolutamente falso. Fue Cárdenas el que afirmó: “Nación o individuo que entrega los recursos naturales a empresas extranjeras es traidor a la patria”. Cárdenas se opuso a los contratos de riesgo de manera explícita, por ejemplo, en una carta a Reyes Heroles expresó:

“No es inoportuno anotar que el espíritu nacionalista de la expropiación de 1938 y de la Reforma Constitucional de 9 de noviembre de 1940, no se respetaron plenamente: los contratos de exploración y explotación permitidos por la Ley Reglamentaria de 1941, se concedieron con participación en la producción del petróleo a empresas nacionales y extranjeras (afortunadamente ya se cancelaron los 18 contratos).”

El régimen ha logrado liquidar las principales conquistas de la Revolución: la privatización del ejido, mediante la modificación al artículo 27, durante el gobierno de Salinas, socavó el reparto agrario –principal bandera de la Revolución Mexicana-, la reforma laboral acabó con el contenido progresista del artículo 123 que contenía el legado de los hermanos Flores Magón; los gobiernos neoliberales han privatizado todas las empresas públicas que posibilitaron un relativo “estado de bienestar”, recursos con los cuales se crearon el IMSS, el ISSSTE, se financiaron los libros de texto gratuito, los desayunos escolares, se impulsó al IPN, se creó Ciudad Universitaria. La privatización ha sido tan salvaje que de las más de mil empresas estatales que existían en 1980 sólo quedaron 200 al final de gobierno de Salinas-; ahora la “guinda en el pastel” es la privatización del petróleo que liquidará la expropiación petrolera.  El proyecto señala que se permitirán “contratos de utilidad compartida” lo que no es más que un vulgar eufemismo para ocultar el que se entregará parte de la renta o ganancia petrolera a las empresas privadas.

Si el gobierno logra sus objetivos el erario público sufrirá una merma fundamental. Casi el 40% del presupuesto estatal proviene de la renta petrolera, Videgaray –Secretario de Hacienda- ha señalado que la reforma permitiría compartir alrededor del 40 % de las utilidades con las empresas privadas; AMLO denunció que en realidad las empresas privadas se quedarán con el 60%. El gobierno señala que se requiere de la tecnología y la inversión privada para sacar adelante al país, pero olvidan que ese mismo argumento lo han estado repitiendo como loros durante los últimos treinta años cada vez que privatizaban el patrimonio nacional. Uno pensaría, si creemos a la propaganda del régimen, que después de 30 años de “reformas estructurales” estaríamos en un mundo de “leche y miel” pero los resultados han sido desastrosos: las minas fueron privatizadas y los mineros de Pasta de Conchos siguen sepultados, las carreteras fueron privatizadas y son de las más caras de mundo además de que han sido rescatadas con dinero público, los bancos fueron privatizados y el pueblo le paga a los banqueros 30 mil millones de pesos al año, Telmex fue privatizado para generar al hombre más rico del planeta con las tarifas de las más caras del mundo, etc. La privatización del petróleo y la producción eléctrica significará una disminución del erario público cuyo boquete se tapará con mayores impuestos a las clases populares.   

La única manera en que el pueblo puede detener el atraco es establecer un Frente Único entre el Morena, los sindicatos, movimientos y organizaciones populares. Frente para la movilización masiva y la preparación de una huelga general; de otra forma las movilizaciones aisladas serán puramente testimoniales generando un ambiente de mayor aislamiento, dispersión y desmoralización del movimiento. Si bien es cierto que la crisis global del capitalismo garantiza que no existirá ninguna derrota definitiva, también es verdad que no necesitamos otra derrota y que es posible detener la contrareforma a condición de elevar el nivel de organización y lucha, romper el sectarismo y pretenciosa autosuficiencia de las organizaciones de masas de la izquierda (Morena y sindicatos como la CNTE).