En respuesta a las acciones de inconstitucionalidad en contra de las reformas al Código Penal para el Distrito Federal (DF) y a la Ley de Salud para el DF, que despenalizan el aborto hasta la semana 12 de gestación en el DF, promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como por la Procuraduría General de la República, el pasado 28 de agosto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), resolvió (con una mayoría de 8 votos) que es constitucional el decreto de despenalización del aborto, emitido por la Asamblea Legislativa del DF el 27 de abril de 2007. Los tres ministros que votaron en contra proponían, no sólo invalidar la reforma capitalina, sino también castigar con prisión a la mujer que aborte de manera voluntaria. (http://informa.scjn.gob.mx)

Cabe señalar que desde que se aprobaron las reformas que permiten abortar de manera segura, en el DF, se han realizado más de 11 mil 500 abortos de los cuales en un solo caso la mujer falleció. Reduciendo extraordinariamente el índice de muertes debido a esta práctica. Anteriormente, al ser penalizado el aborto en el DF, se propiciaba que se realizara en clandestinidad ocasionando que miles de mujeres sufrieran daños severos en su salud y que muchas perdieran la vida. En respuesta al fallo de la SCJN, la Iglesia Católica hizo repicar las campanas de varias iglesias por el “luto” por las muertes de “seres inocentes”, pero olvidan que el propio Norberto Rivera está acusado de proteger a un cura pederasta. El problema del aborto en México no es sólo un problema de salud pública sino también de justicia social, pues las mujeres con recursos pueden acceder –en la clandestinidad– a un aborto seguro sin poner en peligro su vida. En cambio, las mujeres con menos recursos, justo por la clandestinidad, arriesgan su vida al acudir a lugares que no cuentan con las condiciones de seguridad e higiene necesarias ni con el personal capacitado para practicar un aborto, arriesgando así su vida. El aborto debe ser un derecho de todas las mujeres, como lo es el divorcio, y esto no implica que estén obligadas a realizarlo, pero sí que tengan condiciones para decidir y para proceder a un aborto, si es el caso, en condiciones que protejan su salud física y mental. Este intento de echar atrás esta ley demuestra hasta qué grado es débil el actual gobierno federal reaccionario y conservador por lo que debemos aprovechar la situación para ganar terreno no sólo en el DF sino a nivel nacional en ésta y otras demandas de los trabajadores organizándonos, ejerciendo presión mediante la movilización. Sólo con mayor educación sexual y métodos preventivos al alcance de cualquier persona será como se eviten los embarazos no deseados. Con este gobierno, sus medios de comunicación (voceros de la Iglesia) y bajo el sistema capitalista, esto no es posible. Para garantizar una sexualidad plena y responsable debemos erradicar el origen del problema derrocando a Calderón y luchando por la transformación socialista de la sociedad. ¡Por el derecho a decidir de las mujeres! ¡Fuera Iglesia de la Educación!