El siguiente artículo fue redactado algunos días antes de que el Consejo Universitario designara como nuevo Rector de la UNAM al médico cirujano especializado en oftalmología Dr.  Enrique Graue Wiechers, hasta ahora director de la Facultad de Medicina, luego de deliberar durante 44 días y reducir a sólo diez la lista de aspirantes. En medio del actual clima de tensión social, derivado de las políticas de austeridad y represión del Gobierno Federal, la elección del nuevo rector causó un vivo interés entre los sectores más críticos del estudiantado, que repudian el régimen anti-democrático que rige a la Universidad en su seno, y que temían que el Consejo Universitario pudiese optar por los candidatos identificados con el priismo y con EPN. El nuevo Rector identificado con el llamado “grupo de los médicos” –y que tomó protesta el martes 17 de Noviembre– advirtió que para modificar  la Ley Orgánica de la UNAM, ésta habría de discutirse en el Congreso de la Unión y podría convertirse en un botín para los partidos políticos nacionales (http://www.proceso.com.mx/?p=420118). Aunque esta postura es, de suyo, conservadora y conformista, señala un hecho elocuente: que la UNAM no podrá someterse al  cambio profundo que necesita para no ser enajenada si  éste no se inscribe en la transformación radical de la sociedad.

 

Cada vez que se cierne el momento de cambiar a su Rector, la Universidad Nacional Autónoma de México –es bien sabido– se parece a un perro que persigue su propia cola. Y es que “nuestra máxima casa de estudios” tiene dos caras. Una, la de la institución de educación superior progresista y de vanguardia mundial, es ampliamente conocida. La Universidad ocupa un lugar señero en la mitología nacionalista heredada del régimen militar-burocrático post-revolucionario, y no lo hace –a decir verdad– sin razón. La educación gratuita, laica, y científica que ha prodigado a generaciones enteras de estudiantes mexicanos provee a nuestra sociedad desde hace más de cien años con los profesionistas que tan apremiantemente necesita, y ésta capacidad la hace un bocado muy apetitoso para la burguesía y su gobierno lacayo, prestos a privatizarla. La otra cara, que sólo logran reconocerla los sectores más conscientes del estudiantado, la docencia y la planta trabajadora, es la de un órgano ideológico, monolítico y autoritario.

 

Ambas facetas conviven en su seno, como expresiones contradictorias que son de los procesos sociales del México del s.XX, y –también– hoy en día, de la encrucijada en la que ha colocado la crisis mundial del capitalismo a toda la civilización. Los destinos de la UNAM son dirigidos por una Junta de Gobierno, integrada por quince miembros de la comunidad universitaria, cuyo cargo es honorario, y –entre otras tareas– les corresponde reelegir o no al Rector luego de un periodo de cuatro años y sustituirlo tras un segundo periodo. Además, elige a los directores de las escuelas y facultades que conforman a la Universidad y es el máximo árbitro de los conflictos entre los órganos universitarios, recayendo en ella la responsabilidad de resolver los vetos del Rector contra los acuerdos del Consejo Universitario. Por añadidura, ¡la Junta de Gobierno tiene la facultad de expedir su propio reglamento! Sus integrantes son elegidos por el Consejo Universitario, que reemplaza cada año al integrante cuyo nombramiento es más añejo; permitiendo que los miembros de la misma puedan permanecer en ella hasta quince años –salvo que renuncien– sin someterse en medida alguna al escrutinio de la comunidad que dirigen. En suma, y dado que tiene potestad lo mismo sobre del Rector, que –por medio de éste–  sobre el Consejo Universitario (que él preside), la Junta de Gobierno es en los hechos una camarilla cuya autoridad es inatacable.

 

Las instituciones universitarias se esmeran en presentar a su comunidad –y a la sociedad en su conjunto– una faz de neutralidad política, simultáneamente, los medios de comunicación burgueses y los voceros políticos de la clase social hegemónica la acusan de ser un semillero del pensamiento de izquierda más radicalmente antisocial, mientras que el Consejo Universitario sirve a los intereses de clase de las élites. En el actual contexto de contra-reformismo anti-popular, no son pocas las huellas de esta tendencia en los órganos de gobierno universitarios. Los alcances de la llamada Reforma Educativa del Gobierno Federal se dejan sentir en la Universidad, cuyos consejos técnicos por facultades y escuelas aprueban por consigna –a veces subrepticiamente, como ocurrió recientemente en la Facultad de Artes y Diseño, antes ENAP– la implementación de nuevas carreras que incluyen salidas laterales, es decir, la opción de egresar anticipadamente con títulos técnicos. Sumar a la Universidad a la abundante y creciente oferta de carreras técnicas es un despropósito que obedece a las demandas de las cúpulas empresariales en materia educativa y no al desarrollo productivo del conjunto de la sociedad; empobreciendo a la UNAM. Además, ante los constantes ataques presupuestales a la cultura y la educación, las autoridades universitarias se muestran –en último término– obsequiosas, evidenciando su verdadera filiación.

 

Como facetas de su manto demagógico, la UNAM –como institución– suele acudir a dos mitos recurrentes: que es la heredera de la Real y Pontificia Universidad de la Nueva España, y que –desde su refundación en 1910– está avocada a la educación de los sectores populares. El primero de estos mitos le permitió reclamar una alcurnia semejante a la de las universidades medievales europeas, a la vez que la coloca artificialmente por encima de las formaciones político-históricas que han gobernado México. El segundo está fundido con la retórica modernizadora del partido que dominó el escenario político nacional durante la última centuria y que degeneraría en la conformación del actual Partido Revolucionario Institucional. En realidad, los sectores obrero y campesino nunca han ocupado un lugar preponderante en la matrícula universitaria, sino que la Universidad fungió en la primera mitad del siglo pasado como la formadora de los cuadros burocráticos gobernantes. La eventual inclusión de las llamadas clases medias y, en menor medida, de las clases proletarias dentro de la UNAM, a mediados del s.XX, fue una conquista social y política del pueblo mexicano, que reclamaba educación para su juventud a la par que avanzaba la industrialización del país, ¡y no una dádiva del gobierno!

 

Esto puede comprobarse a través de la historia de los movimientos estudiantiles en la Universidad. Es verdad que existe una vocación de lucha entre los estudiantes universitarios, misma que ha sido corroborada repetidamente a lo largo de su historia, arraigada en su tradición crítica desde el movimiento por la autonomía universitaria de 1924, la huelga estudiantil brutalmente reprimida en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco el 2 de Octubre de 1968, la lucha del CEU de 1987, y la huelga del CGH de 1999 en defensa de la gratuidad de la educación pública superior. Recientemente, los estudiantes universitarios se han unido y solidarizado repetidamente con las causas populares, como la protesta contra la imposición presidencial en 2012, la resistencia de los trabajadores de la educación agrupados en la CNTE y la lucha por la presentación con vida de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos hace ya un año en Iguala, Guerrero. Así, queda demostrado que la aparente apatía de la juventud sólo la motiva la precariedad actual de la política electoral; el estudiantado es, por el contrario –por encima de la diversidad de clases que la integran– el sector de la sociedad más sensible políticamente.

 

Otro tanto sucede cuando se trata de la elección del Rector de la UNAM: los jóvenes universitarios entendemos –en una medida significativa– la falacia que entraña la cara más complaciente de nuestra Universidad. La realidad social constatable de primera mano previene al sector más consciente del estudiantado del nivel superior de persuadirse de que la educación por sí misma –desligada del proceso social– pueda transformar al país, limitado como está este instrumento por la ambición de la burguesía. Es evidente también que ni la decisión más inspirada de la Junta de Gobierno, ni mucho menos el Consejo Universitario (en el que el estudiantado está escasamente representado), obrarán en defensa de la educación pública, gratuita y de calidad. Como lo señala la experiencia histórica del movimiento estudiantil, y señaladamente la huelga del IPN del año pasado, sólo en manos del estudiantado organizado está bien representado el mejor interés de la sociedad en la educación, de cara a los ataques del gobierno burgués y el sector empresarial. ¡Y sólo unidos solidariamente al movimiento obrero, luchando por el socialismo, podremos conquistar una Universidad auténticamente democrática!