“El esclavo en Yucatán […] sale al campo en la madrugada y come por el camino su bola de masa agria. Agarra su machete y ataca la primera hoja espinosa tan pronto como hay luz suficiente para ver las espinas, y no deja para nada el machete hasta el atardecer”. ¹ Así describía Kenneth Turner, en su famoso libro “México bárbaro”, las condiciones de esclavitud en que laboraban los indígenas mayas y yaquis en las plantaciones de henequén en Yucatán, condiciones que desencadenarían una revolución dos años después. Si uno cree que esto no es más que historia porfiriana se equivoca de cabo a rabo. Los trabajadores de San Quintín llevan cerca de dos meses luchando contra condiciones muy similares a la esclavitud, su lucha heroica y ejemplar parece haber dado sus primeros frutos, pero los dueños de las plantaciones están desconociendo los acuerdos. A los hacendados de ayer y hoy, sólo se les puede hacer frente por medio de la revolución.

Las condiciones semiesclavas de los trabajadores agrícolas de San Quintín no son más que un botón de muestra representativo de las condiciones que imperan en el país para los trabajadores del campo: de los 6.5 millones de trabajadores que trabajan en el sector agropecuario (campo, ganadería y pesca) el 89.3% gana menos de los 200 pesos que en San Quintín se exigen como salario base, un aumento del 100% que de por sí sigue siendo un salario miserable; el 94% carece de acceso a los servicios de salud, son 5.8 millones de trabajadores que o no ganan ningún salario por su trabajo –ya que laboran para la más básica subsistencia- o apenas arañan los 200 pesos al día; en 18 estados del país el 90% de los jornaleros agrícolas no cuenta con ningún contrato de trabajo, el 60% de estos trabajadores son indígenas que provienen de los estados más pobres del país, sobre todo Oaxaca y Guerrero; en promedio laboran 15 horas al día, casi el doble de la jornada permitida por la ley, “De 2007 a 2015 se ha documentado la muerte de al menos 40 niños en los campos agrícolas, y un sinfín de accidentes y enfermedades entre adultos” (La Jornada 6/04/15). Y aunque “a las actividades del llamado sector primario se dedica 13 por ciento de los 49 millones 806 mil personas que conforman la población ocupada del país […] superadas por quienes laboran en el comercio minorista (16.5 por ciento con 8.2 millones de personas) y la industria manufacturera (15.9 por ciento con 7.2 millones)” (La Jornada, 17/05/15), sus condiciones son el umbral más bajo, el precio más bajo de la fuerza de trabajo, que la burguesía quiere para el conjunto de la clase trabajadora en México.

El gobierno federal ha ensayado diversos tipos de estrategia para doblegar a los huelguistas, los primeros días intentó la represión directa; luego, cuando la indignación cundía a nivel nacional e internacional, intentaron desgastar el movimiento con negociaciones a modo, luego, el pasado 9 de mayo, volvieron a intentar la represión atacando San Juan Copala (colonia indígena triqui), con un saldo de 70 heridos. Pero la indignación, la amenaza de que este movimiento se contagie —los trabajadores han hecho una campaña política por la unidad y la solidaridad a nivel nacional— y las cercanías del periodo electoral, fueron factores para que el pasado 14 de mayo se firmaran 13 acuerdos en donde el gobierno, en sus tres niveles, se comprometía a buscar la manera de cumplir el pago de 200 pesos retroactivos al 24 de mayo por jornada de trabajo (pago cuya mecánica se anunciará en la próxima mesa del 4 de junio), la liberación de cuatro detenidos políticos del movimiento —liberación que se dio el pasado 15 de mayo con fianza de por medio—, el compromiso de otorgar el registro sindical a la Alianza de Jornaleros —organización que se opone al charrismo priista (la CTM, CROC y CROM) que impera en la totalidad de este sector—, la afiliación al IMSS —derecho legal que los empresarios violaban—, la implementación de un fideicomiso para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, entre otros acuerdos.

Sin embargo, los empresarios, varios de ellos funcionarios y exfuncionarios panistas -como Antonio Rodríguez, exsecretario de Fomento Agrario y exdiputado, a quien en el 2013 peña Nieto otorgo el premio Nacional de Exportación-, han declarado que no darán más del 15% de aumento, 115 pesos diarios, y prácticamente están desconociendo los acuerdos y las mesas de negociación. La burguesía es ingrata, incluso para con sus propios representantes políticos, después de todo las negociaciones buscan salvarles el pellejo. Es evidente que la generosidad no es uno de los valores que emanan de la loca sed de ganancias del capitalismo: se calcula que las ganancias libres de los empresarios en San Quintín hacienden a 500 millones de dólares al año. Los voceros del movimiento han afirmado que “es por orgullo que no quieren aceptar nuestra petición. Sabemos que hay algunos empresarios que han comprado aviones que cuestan dos millones de dólares”. Los empresarios bien podrían pagar los 30 pesos por cubeta de fresa que equivalen a los 200 pesos diarios exigidos por los trabajadores; pero no sólo es un asunto económico, sino un ejemplo político que los empresarios no están dispuestos a aceptar puesto que las condiciones del conjunto de trabajadores agrícolas, como veíamos, son igual de deplorables, un triunfo podría encender la pradera seca, que podría levantar al resto de los esclavos agrícolas. Es posible que Francisco Vega Lamadrid —gobernador del estado que se comprometió a cumplir los 13 acuerdos, junto con el gobierno federal— sea de la opinión de que si estos no se cumplen la situación de inestabilidad social empeorará, sobre todo en vísperas de las elecciones; se trata de un caso donde ambos, los empresarios y el gobernador, tienen razón: sea como fuere la amenaza de una explosión social continúa puesto que las condiciones de trabajo se están volviendo insoportables. Es posible que en la reunión del 4 de junio, donde el gobierno se comprometió a explicar cómo se cumplirá el aumento salarial, se anuncie un subsidio estatal (ya sea federal o local) para cumplir con la demanda.

Los trabajadores han dicho correctamente que esta es sólo una batalla en la que no es posible confiarse de las promesas del gobierno, pero parece que un triunfo parcial del movimiento está al alcance de la mano, un triunfo ejemplar que demuestra que sólo a través de la lucha es posible arrancar concesiones, que sólo a través de la solidaridad de clase es posible doblegar a los empresarios y al Estado, sin embargo, incluso en el mejor de los casos, se trata de una batalla ganada dentro de una guerra sin cuartel entre el capital y el trabajo. Los empresarios y el Estado podrán esperar a que las aguas se calmen para cortar el subsidio (un subsidio que los empresarios intentarán regatear y meterlo a sus bolsillos) y arrebatar las conquistas ganadas; en el fondo, nada se ha resuelto, las condiciones de trabajo siguen siendo insoportables y los empresarios pretenden empujarlas aún más abajo. Cifras de la OCDE demuestran que en México el pago por hora es de los peores del mundo, ¿cuánto tiempo más es posible soportar bajo estas condiciones sin que se produzca una explosión social?:

Con todo, la lucha titánica de los jornaleros no es menos significativa e importante que la de Cananea y Rio Blanco. Así como “México bárbaro” de Turner, anunciaba los prolegómenos de la Revolución de 1910, la heroica lucha de San Quintín anuncia los prolegómenos de una explosión social en la que las lecciones de San Quintín —la organización, la necesidad de la unidad, la solidaridad de clase nacional e internacional— serán de vital importancia para erradicar la raíz del problema, que no es otro que la existencia misma de sistema capitalista, mientras esto no se logre todo triunfo será como la tarea de Sísifo que lograba subir su pesada carga sólo para ver cómo volvía a descender por la colina.