La lucha en Guerrero por la presentación con vida de los 43 normalistas continúa de forma intensa, sin embargo, a seis meses de la salida del gobernador ángel Aguirre Rivero nada se ha solucionado. Los padres de los 43 normalistas han emprendido acciones en diversos foros internacionales y al mismo tiempo han enfatizado su decisión de exigir que no haya elecciones en Guerrero hasta que sean presentados sus hijos con vida.

El pasado 19 de abril en Tixtla, integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) bloquearon el paso y posteriormente expulsaron a la candidata a diputada local por el distrito 24 por el PRD, Erika Alcaraz Sosa. De hecho entre el 18 y 19 de abril, en una reunión de la Asamblea Nacional Popular en la propia Normal Rural de Ayoztinapa, se refrendó el apoyo al boicot electoral en el estado de Guerrero; durante la misma asamblea se acordaron acciones como una concentración político-cultural en el zócalo capitalino este 26 de abril, una movilización estatal el 30 de ese mismo mes e impulsar que el 1 de mayo la demanda de la aparición de los 43 se una a las demás consignas del movimiento obrero organizado.

En el estado de Guerrero, 10 de las 28 sedes distritales del Instituto Nacional Electoral han sido tomados por distintos grupos afines al boicot, y la intensidad de la campaña ha comenzado a tener sus efectos. En una reciente encuesta publicada el 10 de abril en el periódico Excelsior, se señalaba que sólo 54 de cada 100 entrevistados telefónicamente consideraba que era necesario que hubiera elecciones en guerrero y 65 de cada 100 señaló que de cualquier modo las habría, no obstante un importante 35 % dijo que no habría elecciones.

Las circunstancias en Guerrero no son iguales de región en región, no obstante es uno de los estados con mayor participación comunitaria, así que el llamado al boicot debe tomarse en serio; de hecho, los grupos de autodefensa agrupados en distintas coordinaciones tienen una presencia muy tangible en al menos 46 de los 81 municipios del estado.

Según informe de la CNDH: La Policía Comunitaria de mayor expansión es la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG), que llega a 21 localidades; le sigue la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en 15 y, en menor nivel, la Unión de Pueblos de la Costa Grande (UPCG) en 4; por su parte, la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular (CRSJ-PCP) en 3, la Policía Ciudadana de Olinalá (PCO-CRAC) y el Movimiento Aplaxtlense Adrián Castrejón (MAAC) en una cada uno (mexico.cnn.com/nacional/2013/12/17).

A pesar de la amplia aceptación del boicot electoral, el posicionamiento político respecto a las elecciones es variado, el grupo más grande (UPOEG), señala que vigilará que el proceso se conduzca con veracidad, mientras que la CRAC apoya el boicot. Dado que la CRAC posee una fuerza física real en 15 municipios, es altamente probable que en ellos las dificultades para la realización del proceso sean importantes. En un plano diametralmente contrario, Bruno Plácido Valerio líder de la UPOEG, va como candidato a diputado federal por el Partido Humanista.

Las elecciones en Guerrero no serán un proceso fácil, estamos hablando de más de 2 millones y medio de ciudadanos con derecho a votar para elegir a 46 diputados locales, 81 alcaldes y un gobernador.

Como hemos visto, dado que el mayor grupo de autodefensas participará electoralmente, la cuestión del boicot se complica; más aún cuando el propio INE está planteando la posibilidad de sesionar en sedes alternas y por supuesto se desplazaran contingentes de la Policía Federal y el ejército. No es para menos, se trata de una cuestión de Estado y el gobierno tendrá como prioridad realizar el proceso electoral como sea.

Por otro lado, ninguno de los partidos políticos registrados ha decidido suspender la campaña, con lo cual podemos afirmar que la realización de los comicios es prácticamente un hecho.

Independientemente de las críticas que podemos tener contra una táctica como el boicot, esta representa una forma tangible de expresar una lucha en unidad de acción, no sólo por la aparición de los 43 normalistas, sino para protestar en contra de la política corrupta y represiva que este régimen capitalista ha desatado en Guerrero y en todo el país.

Es el espacio para reflexionar y cuestionar a los partidos que se definen de izquierda en el terrero electoral: PRD, PT, MC y Morena, ¿qué han hecho por sumarse a la lucha por la aparición de los 43? ¿Qué van a hacer?

Hoy más que nunca, las elecciones no representan un mecanismo real para trasformar ni el poder, ni las estructuras sociales; por lo tanto, la lucha electoral aislada de las movilizaciones de masas de los trabajadores es estéril. En estas condiciones se abre el espacio para que candidatos, incluso si son originalmente honestos, se terminen acostumbrado a la lógica y las prácticas de corrupción y a la simple gestión del capitalismo.

La respuesta, más que tener candidatos honestos, es luchar de forma organizada, por ello y a pesar de que las circunstancias se complican cada día más, no podemos más que brindar nuestro apoyo a aquellas organizaciones y grupos que están tratando de hacer, por medio del boicot, un día de combate y lucha a la jornada del 7 de junio del 2015.

Al mismo tiempo señalamos que, producto de la ausencia de alternativas de lucha por parte de las organizaciones como Morena y sindicatos, la medida de boicot, más que nada es una acción a la defensiva de un movimiento que a finales del 2014 puso al Estado contra la pared.

Es necesario un plan de lucha que vaya más allá del proceso electoral para unir fuerzas y volver a colocar al Estado a la defensiva, sólo de esa manera será posible romper el aislamiento que actualmente los sectores en lucha en Guerrero están viviendo.

Por lo que el día 7 de julio debe ser de lucha y de protesta, pero la acción debe ir mucho más allá que eso.