El pasado 6 de enero tuvo lugar, tanto en la Ciudad de México como en 15 Estados de la república, marchas multitudinarias encabezadas por personal médico de los diferentes subsistemas de salud que existen en el país, en especial de enfermeras y enfermeros, y  con una presencia importante de estudiantes. Dicha movilización se realizó con el objetivo de entregar un pliego petitorio a las autoridades federales de Salud en el que, entre otras cosas, se pedía el reconocimiento de la licenciatura y posgrado en enfermería y no represión contra los trabajadores que participan en las movilizaciones.

 

Para las y los trabajadores del sector salud las movilizaciones son un instrumento que buscan presionar al régimen en diferentes renglones como el cumplimiento del programa de profesionalización cancelado el 3 de septiembre de 2014, que implica que el gobierno hasta ahora deja de reconocer académica y monetariamente a los licenciados en enfermería, trabajadores sociales y terapistas.

 

La lucha de los trabajadores de la Salud se da en un contexto de crisis generaliza del Estado, con particular énfasis en las contra-reformas aprobadas cuyo objetivo es eliminar un conjunto de obligaciones del Estado en asegurar el acceso a diversos derechos, así como entregar recursos al sector privado. En cuanto a la salud no resulta raro que el régimen busque ahora implementar un ataque, bajo el discurso de “asegurar el acceso universal a la salud”. Como veremos más adelante, dicho discurso significa la privatización disfrazada del sistema de salud.

 

El derecho a la salud y protección social en México

 

De acuerdo a los datos oficiales , el acceso a la salud en el país ha aumentado de forma sostenida, mientras que en 2008 el 38.4% tenía esa carencia, para 2012 el 21.5% mantiene esa misma carencia. Sin embargo, el incremento en la cobertura se ha dado mayormente a partir de la afiliación al Seguro Popular, un mecanismo creado por el gobierno de Vicente Fox para “dotar” de servicios de salud a la población, bajo un esquema restrictivo, que sólo cubre una serie específica de padecimientos, por lo que si el paciente tiene una enfermedad que esté fuera del cuadro de padecimientos, entonces el paciente debe tratarse en otra institución, además de que la atención es altamente deficiente, de acuerdo a las propias encuestas de satisfacción que aplica el propio seguro. En términos concretos, la afiliación al  Seguro Popular pasó de 21.6 millones de personas en 2008 a 47.8 millones en 2012. Dicho incremento también se da entre los sectores con menores ingresos, mientras en los cuatro primeros deciles de la población del 50 al 70 por ciento están afiliados al seguro popular, para el decil más alto sólo el 8.8% se encuentra afiliado a ese subsistema de Salud.

 

Vale la pena aclarar que el sistema de salud a nivel nacional se caracteriza por estar fragmentado, existen subsistemas nacionales como el IMSS, el ISSSTE, el Seguro Popular, los servicios de Salud de PEMEX, Ejército o Marina, los subsistemas estatales y los servicios médicos privados. Dichos subsistemas no se encuentran coordinados entre sí, por el contrario, constantemente se encuentran en competencia, por ejemplo, en el Distrito Federal subsisten los subsistemas nacionales que compiten con el sistema de salud del D.F., además de los servicios privados, donde los servicios médicos de farmacias similares constituyen su principal competencia.

 

En términos generales existe una concentración del personal médico en las zonas urbanas, mientras que en los poblados más alejados existe tanto una falta de instalaciones médicas, como de personal médico capacitado. Adicionalmente, cada subsistema presenta fuertes problemas en materia de corrupción además de un desbalance entre el personal administrativo y el personal médico, así como de una falta de este último, por ejemplo, en el ISSSTE  hay 1.7 enfermeras por cada mil derechohabientes, mientras a escala nacional la tasa es de 2.7 por mil. Ante tales condiciones el Estado ha optado por canalizar la demanda de servicios de salud a través del Seguro Popular, con el objetivo de aminorar la carga financiera para los sistemas nacionales, en particular para el IMSS y el ISSSTE que se encuentran bajo fuertes presiones económicas. 

 

En cuanto a la seguridad social, es decir, el derecho a gozar de una pensión que permita vivir dignamente una vez que se ha llegado a la edad de jubilación, la situación es mucho peor. Inicialmente hay que decir que en cuanto al acceso a la seguridad, para el año 2012, cerca de 71.8 millones de personas carecen de acceso a ésta. Particularmente el número es tan elevado debido a que la mayoría de los trabajadores se encuentran empleados en condiciones de informalidad o desempleados, sin derechos laborales, entre los que se encuentra la contribución a una pensión. Ante ello, programas que resultan paliativos, como los diversos apoyos estatales y federal a adultos mayores, buscan actuar como una compensación a esta carencia e incluso se le ha denominado “Pensión a adultos mayores” al esquema federal, sin que por la vía de los hechos lo sea, ya que se trata de un apoyo económico que no alcanza a cubrir los requerimientos elementales de los adultos mayores en el país.

 

Aunado a lo anterior, el sistema de pensiones se encuentra en crisis, por dos razones, la migración de las pensiones hacia las Afores que ahora administran diferentes instituciones (la mayoría de éstas de origen bancario que utilizan los fondos para sus operaciones financieras), así como el número creciente de jubilados en los sistemas tradicionales de pensiones. Se calcula que cerca de 9.1 billones de pesos son adeudados por parte de IMSS, ISSSTE, Pemex y la CFE, equivalente a 58.4% del PIB nacional , ello significa que los incentivos para generar otros mecanismos que sustituyan a las pensiones, como los programas de apoyos para adultos mayores, aumentan, ya que éstos no dependen de una contribución específica por parte de cada trabajador, sino que se sujetan a cada presupuesto anual, por lo que si existen “restricciones presupuestarias”, perfectamente podrían ser eliminados.

 

Los pasos sigilosos hacia la privatización

 

En noviembre de 2014 una comitiva de altos directos del IMSS acudió a España con el objetivo de “sostener una reunión de intercambio de experiencias y prácticas médicas”. Entre las “prácticas médicas” que eran de interés del director del IMSS se encuentra el conocer “cuál había sido la reacción de los trabajadores y de su representación legal ante la implantación de un modelo de gestión compartida .” Es decir, de qué forma las autoridades de la salud en España habían lidiado con los sindicatos de trabajadores del sector ante la privatización (o gestión compartida) de la salud.

 

Lo anterior no es sino un síntoma más del siguiente ataque por venir, ya desde la campaña presidencial Peña Nieto prometió dotar de seguridad social y acceso a la salud a toda la población, hacia una supuesta “universalización” de ambos derechos. Por la vía de los hechos lo que se buscará hacer es eliminar a todos los subsistemas de salud y unificarlos bajo uno sólo con las características del actual Seguro Popular, así como permitir a los privados ingresar al sistema público a cambio de pagos que provengan del propio erario por la atención prestada. En cuanto a los trabajadores, lo más probable es que se intente despedirlos y recontratarlos bajo un Contrato Colectivo que implique menos ventajas para éstos y eliminar derechos que ya habrían sido adquiridos. En materia de pensiones el Estado puede eliminar gradualmente el sistema público y transferir todo al mercado, con el objetivo de “sanear” las finanzas estatales a costa de las pensiones presentes y futuras.

 

La actual lucha de enfermeras y enfermeros no es sino un primer síntoma del agravamiento de la crisis en el sector salud. La necesidad de más presupuesto y personal médico es impostergable, sin embargo, la apuesta del Estado es inversa, su ruta está encaminada hacia la privatización de la salud. Ante ello es necesaria una lucha conjunta, tanto de trabajadores de la salud, como de los trabajadores que son beneficiarios de ésta y del movimiento estudiantil, por un sistema donde se dignifique tanto el trabajo del personal médico, como que combata la corrupción y con alta calidad en materia de atención médica. Es importante destacar que permitir la “unificación” de los subsistemas de salud hacia un solo sistema como el Seguro Popular será un paso atrás que abonará en el desmantelamiento de la salud en el país, ante ello la lucha codo a codo es nuestra ruta.

 

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