A poco más de 100 días de haberse instalado ilegalmente en la presidencia de la republica, el gobierno de Enrique Peña Nieto y el PRI ha demostrado una fuerte determinación para imponer las llamadas reformas estructurales, movimientos políticos que están orientados a beneficiar a los grandes capitalistas que apoyaron su candidatura, léase televisoras, organismos internacionales, grandes empresas nacionales y trasnacionales, quienes ahora reclaman las ganancias de la inversión en la campaña publicitaria e impositora del iletrado presidente de México. La aprobación, casi en automático, de la reforma laboral y de la reforma educativa dibujan en el panorama a futuro la disposición del PRI y sus aliados en el pacto por México, el PAN y el PRD, de continuar con los ataques a la economía popular mediante la reforma energética y la aplicación del IVA a alimentos y medicinas, tan solo por mencionar un par de ejemplos inmediatos.

 

En el terreno sindical, la aprobación de la reforma laboral, inclusive antes de la asunción de EPN como presidente de la republica, es una muestra de las presiones a las que se encuentra sometido el gobierno por parte de la burguesía. Con el pretexto de hacer más atractivo el mercado nacional para los grandes inversionistas, se llevaron a cabo cambios profundos a la Ley Federal del Trabajo que imponen y legalizan practicas que afectan los intereses de los obreros mexicanos, como son: la subcontratación o outsourcing, la contratación temporal y los contratos de prueba. Con este tipo de mecanismos y esquemas de contratación se laceran las condiciones laborales de los trabajadores, la estabilidad en el empleo y se eliminan derechos fundamentales producto de años de lucha; se limita el derecho a la organización sindical y se establecen sueldos infames que no son suficientes ni para adquirir la canasta básica. Además, la introducción de los contratos temporales suprime el acceso a prestaciones laborales elementales como son el aguinaldo, las vacaciones y el descanso dominical y en días festivos, y, por si fuera poco, al no generar antigüedad, el derecho a una jubilación y a un retiro digno ha sido descartado.  

 

La situación laboral

 

La crisis económica del sistema capitalista del año 2008 aun sigue ejerciendo fuertes efectos negativos sobre las grandes economías, y, consecuentemente, sobre las economías dependientes como lo es la mexicana, lo cual se ve traducido en recortes laborales, reducción del gasto publico, eliminación de programas sociales, venta de empresas nacionales, creación de empleos mal pagados y reducción de salarios y prestaciones. Ante la imposibilidad de conseguir un empleo bien remunerado o simplemente de tener un empleo estable, una gran parte de la población económicamente activa del país ha optado por engrosar las filas del trabajo informal, o, en el peor de los casos, integrarse al crimen organizado.

 

El comercio ambulante y el empleo informal han funcionando como una válvula de escape para millones de obreros y profesionistas que no encuentran acomodo en la economía formal. Alrededor de “treinta millones de mexicanos - el 60% de la población activa - trabajan de manera informal. No significa que sean ilegales: casi todos son comerciantes callejeros o ambulantes y trabajadoras domésticas. Pagan a las autoridades locales por ocupar el espacio público pero no cotizan al seguro social que les da derecho a asistencia médica y una pensión cuando se jubilen. En realidad, solo un porcentaje relativamente bajo lo hace: 16 millones de trabajadores de entre los 50 millones que conforman la población activa, según el Instituto de Estadística (INEGI).”¹   

 

El caso del narcotráfico representa otro problema social derivado, en muchas ocasiones, de la falta de empleo, y, en otras tantas, de la imposibilidad a la que se enfrentan miles de mexicanos para continuar sus estudios con la esperanza de obtener un buen empleo. “Estimaciones recientes muestran que en México hay 468 mil personas que se dedican al narco. Esto es cinco veces más que el total de (los ocupados en) la industria maderera nacional y tres veces más que el personal de PEMEX, la compañía petrolera con mayor número de empleados en el mundo. Campesinos, matones, vigilantes, capos, abogados, médicos, secretarias; el narcotráfico necesita de todo, y de todo emplea.”²  De tal manera, el crimen organizado se ha convertido en el quinto empleador del país acarreando consigo otro tipo de problemas, tales como: impunidad, corrupción, lavado de dinero, tráfico de influencias, infiltración en todos los órdenes de gobierno,  el inherente tráfico de armas, de estupefacientes y hasta de personas, entre otros. 

 

El panorama de la lucha

 

El sexenio anterior representó uno de los pasajes mas oscuros en la historia del sindicalismo en México, el gobierno antiobrero y de ultraderecha del PAN se esforzó por demostrar paso a paso su repudio en contra de los trabajadores organizados. El caso de la mina de pasta de conchos y la protección del Grupo México, el ilegal decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, la reforma a la ley del ISSSTE, los primeros pasos de la reforma energética y la desaparición de Mexicana de Aviación son solo algunos ejemplos ilustrativos del odio de clase de FeCal y sus secuaces. Sin embargo, en sus primeros días de gobierno, el PRI ha demostrado que esta dispuesto a llegar aun mas lejos en el terreno de ataques dirigidos a las masas populares; peor aun, en el pasado congreso nacional del partido, se aprobó la modificación de sus estatutos para poder tener la libertad de proponer la retrograda reforma fiscal, que plantea, entre otras aberraciones, la propuesta de incrementar el IVA al 19% y extender la aplicación del gravamen a los alimentos y las medicinas. 

 

Bajo esta situación, los obreros tenemos la obligación de enfrentarnos  de manera conjunta y organizada en contra de las futuras agresiones de Peña y sus aliados, quienes, seguramente, buscaran dividir a las organizaciones de los trabajadores para alcanzar sus fines privatizadores. Un primer ensayo de organización multisectorial, por parte de los sindicatos nacionales, fueron las movilizaciones en contra de la reforma laboral llevadas a cabo a finales del año pasado, en las cuales participaron diversas organizaciones, entre ellas: el SME, el Sindicato de Telefonistas, el STUNAM (con combativos y numerosos contingentes), el SITUAM, el Sindicato Minero, la CNTE e inclusive algunos sectores oficialistas como el Congreso del Trabajo, la CTM y la CROM; además de la participación de diversos sectores de la sociedad civil, como estudiantes, amas de casa y miembros del MORENA y del movimiento 132, entre otros mas. No obstante, el ímpetu revolucionario de las masas fue frenado por algunos dirigentes que tras llegar a algunos acuerdos, como la no intervención de las autoridades gubernamentales en la vida interna de los sindicatos; y, en otros casos, se opto continuar la lucha por la vía legal mediante el trámite masivo de amparos. Al respecto, es importante señalar que el terreno jurídico no puede ser considerado como una alternativa de solución a los conflictos de los obreros. Las instituciones encargadas de “impartir” justicia en el país se encuentran secuestradas por los agentes de la burguesía y  responden a los intereses de sus patrones empresarios, muestra de ello son los múltiples fallos en contra del SME expedidos por la Secretaría del Trabajo, la JFCA y la SCJN.

 

El carácter endémico de la crisis del capitalismo provocará que la burguesía, en razón de mantener sus privilegios y ganancias excesivas, continúe presionando al círculo político del PRI, PAN y PRD para impulsar mas ataques a las condiciones de vida de los trabajadores. Solo la movilización permanente y la acción unificada por parte de los sindicatos y las organizaciones sociales logrará impedir la imposición de las reformas estructurales, las luchas aisladas no conducirán a buen termino el destino del proletariado. Un frente único en la acción, organizado por sindicatos, MORENA, Campesinos, organizaciones populares y el sector estudiantil puede ser una alternativa poderosa para repeler los ataques de la burguesía. El frente único es la alianza, para fines prácticos, entre diversos sectores sociales con el objetivo de impulsar un programa y organizar una lucha que recoja las demandas más sentidas del movimiento como son: derecho a un trabajo digno, la lucha en contra de la reducción salarial y las pensiones de los jubilados, el respeto a la jornada laboral máxima de 8 horas, respeto a la autonomía sindical y rechazo a las reformas neoliberales. 

 

Actualmente, los profesores democráticos de Guerrero en conjunto con la policía comunitaria, el movimiento popular y miembros del SME, del MORENA y diversas organizaciones sociales sostienen una lucha ejemplar en contra de la privatizadora reforma educativa impulsada por el gobierno federal y estatal. Su lucha debe servir como un ejemplo de organización popular en la cual diversos sectores se han unido en una batalla común en contra de nuestros enemigos de clase: la burguesía y sus agentes estatales. Nuevos vientos de cambio soplan en el horizonte, y es tarea fundamental del proletariado mexicano mostrar su solidaridad y apoyo al movimiento guerrerense, la mejor forma de apoyar a nuestros compañeros de clase es extender su lucha a nivel nacional, golpeando de manera organizada y al mismo tiempo a ese enemigo que aparentemente parece fuerte, pero que en realidad es frágil y endeble.

 

El capitalismo se encuentra en un callejón sin salida, y su única alternativa, para mantenerse en  pie, es continuar lastimando los niveles de vida de los obreros, cargando en sus espaldas el peso de la crisis económica que ellos mismos provocaron. Hoy más que nunca, es necesario impulsar la lucha por el socialismo como modo de producción para impulsar una economía planificada que acabe con las crisis cíclicas propias de la producción anarquista del sistema capitalista; para luchar por la nacionalización de las palancas clave de la economía y su control bajo administración obrera para poder ofrecer mejores condiciones de vida para todos los miembros de la sociedad.