El primero de julio ha pasado y la imposición de Peña Nieto parece depender de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) acepte las pruebas que el Movimiento Progresista presente para impugnar la elección.

Hoy se sabe que las elecciones del domingo 1° de julio son las más sucias en la historia de México. Según observadores internacionales, el voto de 7 de cada 10 mexicanos fue “suceptible” de ser comprado, lo que se comprueba con las protestas de miles de personas que exigen al PRI el pago por su voto y por las tumultuosas compras de pánico en sucursales de la tienda Soriana.

Andrés Manuel López Obrador asegura que de las 143,000 casillas en 113,855 hay irregularidades por lo que solicitó al IFE la apertura de todas las urnas y el conteo de voto por voto, casilla por casilla. Sin embargo, el PRI-AN y la oligarquía a la que estos representan quieren que AMLO reconozca como ganador a Peña Nieto antes de que termine el proceso electoral, aún cuando esto es ilegal.

Ni tardo ni perezoso y en respuesta a quienes todavía tienen confianza en el Estado mexicano, el presidente del TEPJF, José Luna Ramos, antes de que se le presentara alguna impugnación dijo que “nadie ganará en la mesa lo que no ganó en las urnas”. Pero esto no es algo que debería de extrañarnos, este mismo magistrado fue uno de los que en 2006 se pronunció en contra de la posibilidad del conteo de voto por voto.

Hace seis años, el Tribunal Electoral no hizo sino avalar el fraude electoral, legalizando el exceso de boletas, urnas rellenadas, robo de votos (muchos de ellos aparecieron después en basureros), etc. Los hechos fotografiados, filmados o asentados en actas del propio tribunal no fueron motivo suficiente para anular miles de casillas, lo que hubiera significado dar la victoria a López Obrador.

Aún cuando el TEPJF reconoció que las declaraciones de Fox “constituyeron un riesgo para la validez de la elección (del 2006)” y reconoció la ilegalidad de los spots del Consejo Coordinador Empresarial y del PAN en los que se decía que AMLO era un peligro para México, la sanción no pasó de un regaño.
Por su lado, el IFE no tuvo interés alguno en hacer valer la ley antes y durante la campaña electoral, aún cuando el rebase de los gastos de campaña y el uso de encuestas para promoción del voto fueran evidentes y estuvieran documentados. Todo mientras la Fepade se hacía de la vista gorda.

Por su lado, el IFE no tuvo interés alguno en hacer valer la ley antes y durante la campaña electoral, aún cuando el rebase de los gastos de campaña y el uso de encuestas para promoción del voto fueran evidentes y estuvieran documentados. Todo mientras la Fepade se hacía de la vista gorda.

Pero este comportamiento sospechoso e ilegal no se limita sólo a las instituciones y autoridades electorales. Como lo hemos visto en las últimas décadas la podredumbre de las instituciones del Estado Mexicano no tiene fin: así el Sistema Judicial no encarceló a los responsables de la muerte de 49 niños de la Guardería ABC, así la CNDH no ha si quiera intentado poner fin a los abusos del ejército contra la población civil como fue el caso de la violación-asesinato de la indígena Ernestina Ascencio o de los “daños colaterales” de la guerra de FECAL, así la CFC aprobó la fusión de Televisa y TV Azteca, así muchos casos más.

El marxismo nos enseña que el Estado es un instrumento para la opresión de una clase por otra, por lo que el Estado no puede ser neutral. En el sistema capitalista el Estado es una herramienta utilizada por la burguesía para oprimir al proletariado, de tal manera que todo cuanto hace y deja de hacer el Estado obedece a la lógica de favorecer a la clase dominante a costa de los trabajadores. En ciertas ocasiones, cuando el capitalismo atraviesa por una fase de relativa abundancia, a los trabajadores se les otorgan algunas migajas y ciertas concesiones que dan la apariencia de la existencia de una verdadera democracia y legalidad (de un Estado de derecho). Pero cuando el capitalismo entra en crisis, como lo está ahora, lo que el Estado otorgó al pueblo con la mano izquierda, se lo arrebata con la mano derecha, como está ocurriendo en España y en Grecia en estos momentos. En momentos como éstos, para la burguesía es simplemente inadmisible la llegada a la presidencia de un candidato como AMLO, no porque su programa ponga en jaque la existencia misma del capitalismo (desde nuestro punto de vista su programa tiene muchas limitaciones), sino porque de aplicarse este programa significará un paso adelante en la mejora de la vida de los trabajadores. Los capitalistas no quieren que el pueblo mexicano atraviese por esa experiencia, que conforme tome conciencia exija una rebanada de pastel más grande o el pastel completo que ahora pertenece a la burguesía.

AMLO ha dicho que para defender nuestro voto seguirá el camino de la legalidad. Se recabarán las actas de las casillas y se defenderán los votos en el cómputo oficial de los distritos electorales (al momento de escribir este artículo ese proceso está dando inicio), pero aunque creemos que los cauces legales deben de agotarse sería muy iluso de nuestra parte guardar esperanzas en que esto pueda revertir la imposición.

Paralelamente, debemos contemplar la posibilidad de que las correcciones de las actas y el conteo voto por voto (si es que las autoridades electorales aceptan esta exigencia) no sea suficiente para dar el triunfo a AMLO, ya que el grueso del fraude electoral se efectuó afuera de las casillas con la compra-venta del voto a cambio de efectivo, utilitarios (despensa, tinacos, botiquines, etc.) o de la promesa de no perder el empleo (como en el caso del Sindicato Petrolero). Según AMLO, EPN y su equipo gastaron mil millones de pesos, cuando el tope de gastos de campaña era de 360 millones.

Está claro que la burguesía no respeta siquiera sus propias reglas, su propia democracia. En México, la democracia burguesa y sus instituciones están podridas y no es posible esperar nada de ellas, ni es posible reformarlas. También está claro que el pueblo mexicano no puede aceptar un resultado fraudulento, no es posible soportar 6 años más de miseria y barbarie, la gran mayoría de la población (por ejemplo la juventud) no tiene nada que perder. Es necesario superar el terreno institucional de la lucha y recurrir a las movilizaciones y a la Huelga General como método para demostrar nuestro repudio a EPN y a la clase que éste representa.

¡Por la construcción de comités (en los centros de trabajo, escuelas y barrios) para preparar la Huelga General!

¡Por la conformación de un Frente Nacional Contra la Imposición!

¡Por la convocatoria urgente del Congreso del Morena!