Todo comenzó el 11 de febrero del presente cuando la Secretaría de la Función Pública (SFP) multó por 24 millones de pesos a la empresa Oceanografía, además de inhabilitarla para percibir contratos federales por 21 meses y 12 días, es decir hasta el 24 de noviembre del 2015, debido a que, al entrar en vigor la nueva Ley Federal anticorrupción en contrataciones públicas, aprobada en junio del 2012, se encontraron irregularidades en los contratos que Pemex había concretado con esta empresa.

Han pasado ya 20 años de la entrada en vigor del El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con el que los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y México establecieron una zona de “libre comercio”. El entonces presidente de México, Carlos Salinas, argumentó sobre la firma del tratado que lograría “atraer inversiones, crear empleos productivos y elevar el nivel de vida de los mexicanos”. La campaña mediática para promover dicho acuerdo comercial incluyó, al más puro estilo priísta, escenarios apocalípticos para el caso en que el TLCAN no se aprobara. Economistas burgueses, como Rudiger Dornbusch, incluso aseguraban que si el tratado no se aprobaba “la economía mexicana sufriría un derrumbe similar al de 1982, con grandes fugas de divisas, que forzarán una devaluación y recesión importantes”.  Un año después de la aprobación del tratado, la economía y el tipo de cambio se derrumbaron y durante las últimas dos décadas la crisis es cosa de todos los días para las familias mexicanas.

La recientemente aprobada reforma en materia de telecomunicaciones ha abierto una disputa frontal entre los actores más relevantes en materia de medios masivos de comunicación, es decir, Televisa, Tv Azteca y Dish, propiedad de Carlos Slim. La disputa se centra en disposiciones que han abierto la posibilidad de que Dish pueda beneficiarse de la transmisión de canales de cobertura nacional sin tener que pagar derecho alguno ni a Televisa ni a Tv Azteca, lo que impacta directamente a las finanzas de ambas organizaciones de medios. Pero las raíces profundas del conflicto se encuentran en el desplazamiento tanto de Televisa como de Tv Azteca de su posición privilegiada en materia de medios en el duopolio que ambos grupos conforman.

A fuerza se ser sinceros, la reforma fiscal como tal quedó trunca con la eliminación del IVA a medicinas y alimentos,  no satisface a la gran burguesía y mucho menos a los trabajadores, los mecanismos para estimular el crecimiento tienen que ver con la prórroga del pago de impuestos en diversas modalidades. El incremento del gasto se realizará por la vía de un mayor endeudamiento bajo la esperanza de que el país logre un nuevo repunte en el ritmo del crecimiento, obviamente esta reforma no lo ofrece y por lo tanto es un fracaso aún antes de aprobarse, lo será aún más cuando los sectores de la burguesía y la clase media alta eviten los nuevos pagos que se están proponiendo. Sobre esta base prevemos un incremento del déficit de al menos un 3% del PIB a menos que se dé un viraje hacia una restricción presupuestal, lo que ocasionaría una autentica receta para entrar sin paracaídas a una nueva recesión

Después de la presentación de la reforma energética por parte del gobierno impuesto de Enrique Peña Nieto (EPN), se puede observar de manera más clara, los intentos privatizadores del sector energético. Sin bien la campaña de privatización y de defensa se ha centrado en la rama petrolera, no podemos olvidar que el otro ramo que se quiere entregar es el sector eléctrico.