La presente versión es un resumen del artículo publicado en la página de internet militante.org: Masacre de campesinos en Pando, el gobierno boliviano declara el estado de sitio

El jueves 11 de septiembre unos 1.000 campesinos de las comunidades rurales de Puerto Rico, Madre de Dios y El Palmar, se dirigían a Cobija, la capital de Pando. Iban a participar en un ampliado de campesinos para oponerse a la violencia fascista orquestada por el prefecto reaccionario. Bandas bien armadas de sicarios a sueldo de la prefectura habían ocupado los edificios gubernamentales y el aeropuerto, creando un clima de terror en las calles de Cobija, un acto que formaba parte de la ofensiva general de la oligarquía descrita correctamente por Evo Morales como un "golpe cívico empresarial".

Los funcionaros del Servicio Departamental de Caminos, que en los últimos meses han sido entrenados y armados convirtiéndose de facto en un grupo paramilitar, intentaron detenerlos pero sin éxito. Después levantaron un bloqueo de carretera más efectivo cerca de la ciudad de Porvenir: una zanja de 2 metros de profundidad y 10 de ancho para evitar que nadie pudiera pasar.

Cuando llegaron los campesinos, les esperaban hombres armados y montados en volquetas del Servicio de Caminos del departamento que abrieron fuego sobre los campesinos. "De pronto escuchamos disparos y algunas personas cayeron heridas. Hombres, mujeres y niños corrieron a todo lado para salvar sus vidas, pero muchos fueron heridos o tomados por la fuerza para ser torturados", recuerda Roberto Tito, testigo directo de la masacre.

Unas cien personas tuvieron que pasar la frontera hacia Brasil porque temían por sus vidas. Informes de testigos presenciales dicen que algunos de estos sicarios a sueldo eran brasileños. Algunos de los asesinados fueron ejecutados con un solo disparo en la nuca. Los familiares y compañeros que intentaban recuperar los cuerpos también fueron atacados, algunos de ellos fueron capturados y torturados. El mismo tipo de tratamiento recibieron aquellos que visitaron a los heridos en los hospitales locales.

La violencia continuó durante todo el jueves y el viernes. Las bandas a sueldo del prefecto departamental Leopoldo Fernández continuaron asesinando a campesinos desarmados, atacando particularmente a los dirigentes. La versión de los acontecimientos del prefecto es que hubo un enfrentamiento armado entre dos grupos de personas armadas. Esto es totalmente ridículo si se tiene en cuenta que el 95 por ciento de los muertos o heridos formaban parte de la marcha campesina o eran campesinos de esas comunidades.

La situación era tal que incluso la representante del gobierno en Pando, Nancy Texeira, lloraba cuando criticó al gobierno y exigió una acción inmediata para salvar a las personas que estaban siendo asesinadas.

Finalmente, a las 7 de la tarde de viernes, el gobierno de Evo Morales intervino, declaró el estado de sitio en Pando y envió al ejército para que recuperara el control del aeropuerto de Cobija
Pero incluso entonces, la primera reacción del prefecto fue desafiar el estado de sitio y el toque de queda. Grupos fascistas asaltaron dos armerías para armarse aún más. En los enfrentamientos entre el ejército y la derecha por el control del aeropuerto murieron dos personas, un civil y un joven conscripto de 17 años.

El sábado por la noche, el ejército aún no había recuperado el control del aeropuerto y el ministro de presidencia, Juan Ramón Quintana, llegó con más tropas. Sólo el domingo 14 de septiembre el ejército consiguió recuperar el aeropuerto y se empezó a dirigir hacia la misma ciudad de Cobija. Según los informes del gobierno y de las organizaciones campesinas, algunos de los sicarios implicados en la masacre huyeron a Brasil.

Ese mismo día se celebraron varias manifestaciones convocadas por el prefecto y el "comité cívico", desafiando el toque de queda y con la consigna cínica de "paz".

¿Inactividad del ejército?

Nada de esto tenía que haber ocurrido. Durante tres días, desde el martes 8 hasta el jueves 11 de septiembre, la oligarquía lanzó una ofensiva destinada a derrocar al gobierno de Morales. Ocuparon violenta e ilegalmente edificios del gobierno en aquellos departamentos donde controlan a los prefectos, cerraron medios de comunicación que no seguían su línea política, desafiaron el poder del gobierno central, atacaron los locales de las organizaciones campesinas, amenazaron y dispararon a dirigentes obreros, ocuparon los aeropuertos, los gaseoductos y campos gasíferos, etc.

En algunos casos los trabajadores y campesinos resistieron. Las bandas fascistas no pudieron entrar en el Plan 3.000, el barrio obrero y pobre densamente poblado de Santa Cruz. Se pusieron bloqueos de carreteras en San Julián, también en el departamento de Santa Cruz. En Tarija, los campesinos consiguieron contraatacar y expulsar a las bandas fascistas que habían tomado el mercado local.

Pero el gobierno no hizo nada. Los soldados y la policía tenían órdenes estrictas de no abrir fuego ni reprimir. Como resultado de esta medida, fueron superados por pequeños grupos de fascistas bien organizados y armados. Los ministros del gobierno denunciaron lo que estaba ocurriendo como un "golpe cívico empresarial" y apelaron al respeto de la ley. Pero sólo eran palabras. El fiscal del estado, Uribe, respondió que se le estaba pidiendo que actuara como la policía y el ejército al mismo tiempo, que ese no era su trabajo y que se lavó las manos de cualquier responsabilidad.

Cuando la gente de San Julián quiso marchar a Santa Cruz para acabar con los ataques fascistas y ayudar a sus hermanos y hermanas en el Plan 3.000, los dirigentes locales del MAS les aconsejaron que no lo hicieran. El argumento era que "no debemos caer en provocaciones... Debemos evitar enfrentamientos que lleven al asesinato de personas que puedan ser utilizados por la oposición".

La masacre de Porvenir finalmente forzó al gobierno a tomar medidas.
¿Fue una sorpresa que el prefecto de Pando actuara de la forma en que lo hizo? No lo fue. Leonel Fernández fue funcionario en dos gobiernos dictatoriales durante los años ochenta. Es un representante bien relacionado con la oligarquía local de Pando que ha gobernado este departamento poco poblado de una manera casi feudal durante muchas décadas.

Representa los intereses de los terratenientes, de la industria maderera y los dueños de los ranchos, y está vinculado al narcotráfico que se desarrolla a través de la frontera con Brasil.
¿Por qué el ejército no actuó más pronto? En Bolivia y Venezuela se ha generado una gran polémica pública sobre esta cuestión. El domingo, el presidente venezolano Hugo Chávez acusó al alto mando del ejército boliviano de declararse en "huelga de brazos caídos" durante esos días, y mencionó específicamente al comandante en jefe boliviano, el general Trigo, como responsable de lo ocurrido. "Yo sé que ese general y otros generales tienen allá (en Bolivia) una especie de huelga de brazos caídos, que han permitido a los fascistas paramilitares masacrar al pueblo de Bolivia". Algunos periodistas argentinos bien informados han dicho que el alto mando del ejército se reunió con Evo Morales la semana pasada y le dijo que si él quería que el ejército detuviera a las bandas fascistas ellos querían una orden escrita y firmada que les permitiese el uso de la fuerza.

A pesar de las afirmaciones del ministro de defensa de que el ejército permanece unido y leal al gobierno, todo apunta en la dirección contraria. No hay peor ciego que el que no quiere ver.

¿Más negociaciones?

La semana pasada vimos a la oligarquía lanzar un intento de derrocar al gobierno. El intento ha fracasado, por ahora. No consiguieron tomar el poder y comenzaron a provocar una respuesta masiva por parte de los trabajadores y campesinos. Por esa razón ahora han dado medio paso atrás. En Santa Cruz, el líder del comité cívico, Marinkovic, declaró el final de los bloqueos de carretera, pero insistió en que mantendrían todos los edificios públicos que habían tomado por la fuerza.

¿Por qué el gobierno quiere hablar con los líderes de un movimiento que ellos mismos han descrito como un "golpe"?
Se ha convocado en Chile una reunión de UNASUR (Unión de Naciones Sudamericanas), entre los asistentes estará Evo Morales, la presidenta argentina Kirchner, el presidente brasileño Lula y el venezolano Chávez. El resultado probable de esta reunión será una declaración en defensa de la unidad nacional y soberanía de Bolivia, el rechazo a todos los actos violentos e ilegales, y... la necesidad de una solución negociada al conflicto.

Cualquiera que sea el resultado inmediato del episodio actual de este enfrentamiento en Bolivia, lo que está claro es que no se pueden reconciliar los intereses de la oligarquía y los intereses de los trabajadores y campesinos bolivianos. Si Evo Morales sigue adelante con el referéndum para la nueva constitución política (que incluye la reforma agraria), entonces tarde o temprano, la oligarquía intentará otro golpe.

Por otro lado, las organizaciones de masas de trabajadores y campesinos también sufren una intensa presión para que entren en acción. Fidel Surco, presidente de la Coordinadora Nacional de Organizaciones por el Cambio (CONALCAM), anunció que "si los prefectos no abandonan los edificios que han ocupado, entonces vamos a ocupar su tierra". La poderosa Federación Sindical de Mineros (FSTMB) declaró el estado de emergencia para todos sus miembros y anunció movilizaciones: "No vamos a permitir otra masacre" dijeron.

Este conflicto sólo puede decidirse en uno de dos sentidos: o la oligarquía, con la ayuda del imperialismo norteamericano, sale victoriosa y Bolivia se hunde en otra dictadura militar sangrienta, o los trabajadores y campesinos completan la revolución expropiando el poder político y económico de la oligarquía.

16 de septiembre de 2008
Fuente: elmilitante.org