Ante los rumores que se han esparcido en medios de prensa  especialmente durante y  después de la mesa de trabajo ente las autoridades del instituto e integrantes de la asamblea general politécnica del pasado 12 de mayo,  en relación la los posibles procedimientos legales en contra de estudiantes, entre ellos Ilse Fernanda Mosso Sánchez, Antonio Sánchez Cuevas, Rubén Olivares Cabrera, Álvarez Marco Polo silva torres, Jessica Lizeth Velázquez Ortiz, Martin  Galicia Torres. Pablo Lozano Molina, Javier Ramírez Escartín,, Edson Brandon Calvillo Marín, Erick Quiroz Avilés, Ángel Ricardo padilla Anaya e Iván Lizardi Higareda, participantes en el presente movimiento politécnico, desarrollado en defensa de la educación publica,  cuyos principales protagonistas son nuestros compañeros de vocacionales declaramos :

1.- Tan solo la mención de las posible acción judicial en contra de nuestros compañeros constituye ya un acto de represión absolutamente intolerable que debe ser denuncia do como una nuestra de la cerrazón gubernamental, la cual en lugar de efectuar las aclaraciones pertinentes y dar la cara a los estudiantes en un dialogo franco y público, recurre a medidas de amenazas y amedrentamiento.

2.- En el caso de que las amenazas se conviertan en  una acción judicial en contra de nuestros compañeros la autoridad máxima del Instituto , El doctor Enrique Fernández Fassnacht no podría tener cabida dentro de la comunidad politécnica, perdería todo tipo de legitimidad o credibilidad y mas le valdría anunciar su renuncia.

3.- En el caso de que el “análisis”  de las “pruebas” que dice tener la autoridad  no de pie a acciones represivas  como las que hemos mencionado exigimos una aclaración publica en el sentido de que el IPN no esta implicado en ningún tipo de acción legal en contra de los estudiantes que han participado en el presente movimiento.

4.-  En el caso del CECyT 5, la propia autoridad del Instituto fue testigo de la implementación de manera exhaustiva de los procedimientos democráticos que  implementaron los estudiantes en lucha tanto para iniciar como para terminar el movimiento en su forma de paro indefinido, toda alusión a métodos violentos corresponde al grupo “21 de marzo”, grupo porril dirigido por autoridades locales que ya han sido exhibidos ante la opinión pública, al grado que el mismo Instituto los ha apartado de sus funciones. Exigimos en este caso las aclaraciones correspondientes.

La autoridad del Instituto  debería coadyuvar a la normalización de las actividades académicas resolviendo de manera clara y contundente todas las inquietudes  que ha externado el movimiento estudiantil en lugar de generar nuevos motivos para enfrentarse con una comunidad ya de por si agraviada por años de prepotencia, corrupción e ineficiencia.

Atentamente

CLEP