La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones pareció abrir una puerta a la desconcentración de la propiedad en los medios masivos de comunicación. Incluso la prensa burguesa internacional aplaudió el “esfuerzo” tanto de Enrique Peña Nieto (EPN) y el PRI como de los demás partidos en avanzar hacia un régimen de “competencia” en materia de telecomunicaciones y medios de comunicación.

La reciente propuesta de leyes secundarias enviadas por EPN en materia de telecomunicaciones (las que realmente serían la reglamentación de la reforma constitucional aprobada) muestran que las “buenas intenciones” de la anterior reforma tienen como propósito ser solo eso, pero adicionalmente, el titular del Ejecutivo busca otorgar mayor poder al duopolio televisivo, tener la capacidad de controlar contenidos en medios a través de la Secretaría de Gobernación y contar con la capacidad de ser censor, bloquear señales de internet así como investigar  cualquiera en las redes si es que la “seguridad nacional está en riesgo”.

Control y censura 

La propuesta de leyes secundarias en materia de telecomunicaciones contiene los siguientes elementos que son considerados como lesivos y violatorios de diversos derechos humanos:

1.    Censura por “violaciones a alguna normatividad”

La propuesta de reglamentación del artículo 197 enviada por EPN busca establecer lo siguiente:

“Artículo 197.  (…) VII. Bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes.”

A partir de lo anterior, si alguna autoridad lo solicita, el proveedor de internet estaría obligado suspender el servicio de internet. Por ejemplo, en una manifestación o concentración, si alguna autoridad así lo requiere, la señal puede ser interrumpida. Esto abriría la posibilidad de represión sin posibilidad de seguimiento mediático. Cabe recordar que a lo largo de los últimos dos años muchas manifestaciones han contado con cobertura por parte de diversos medios independientes, reportando los eventos al momento y posibilitando, por ejemplo, el poder dar aviso sobre represión y detenciones por parte de los cuerpos represivos del Estado. De aprobarse la iniciativa esta posibilidad quedaría seguramente suspendida y es directamente un método de censura contra la denuncia a la represión por parte del Estado.

2.    Colaboración con la “justicia”

Partiendo de antemano del supuesto de que la “justicia” del Estado se reduce a la legalización de la persecución y represión por parte de la burguesía, observamos en la iniciativa que se plantea la posibilidad, en el título VII de la misma, de que las empresas proveedoras del servicio  de internet puedan almacenar datos del usuario y que éstos puedan ser proporcionados a las autoridades que así los requieran. Lo anterior abre la posibilidad de que puedan conocerse el origen y destino de las comunicaciones, la fecha, hora y duración de la comunicación, el nombre de titular de una línea y la ubicación geográfica del dispositivo de comunicación, entre otros datos dignos de envidia para cualquier sistema de espionaje burgués.

3.    Localización de usuarios

De acuerdo a los artículos 189, 190 y 191 de la iniciativa, la geolocalización de cualquier dispositivo en tiempo real puede ser otorgada a las autoridades sin necesidad de una orden judicial de por medio, lo que indica la posibilidad de nuevas formas de represión latentes a partir de este tipo de instrumentación legal. De acuerdo con la iniciativa del Ejecutivo, ahora también el CISEN, la Policía Federal, el Ejército y la Marina tendrían facultades de geolocalización en tiempo real con el claro objetivo de realizar su labor represiva. 

Los privilegios para los capitalistas

En lo que diversos analistas han titulado como la “Segunda temporada de la Ley Televisa”, las propuestas en materia de regulación del mercado de telecomunicaciones contienen los siguientes elementos:

1.    Televisa, “agente económico preponderante” en televisión abierta, pero no en televisión de paga.

A partir de los elementos incluidos en la reforma constitucional, el Instituto Federal de Telecomunicaciones notificó tanto a Televisa como a Telmex su calidad de “agentes económicos preponderantes” y estableció una ruta para disminuir la concentración en materia de contenidos y tarifas por parte de Telmex-Telcel. Cabe resaltar que la mayoría de sanciones se han dado contra Slim pero no contra el consorcio de Azcárraga Jean. Más aún, la propuesta para las leyes secundarias indica que el consorcio de Azcárraga quedaría exento de la regulación de preponderancia en materia de televisión de paga por lo que podría concentrar aún más empresas de televisión de paga adicionales a Cablevisión y SKY que ya son de su propiedad.

2.    El IFT, adorno costoso

De acuerdo con la propuesta, las competencias que habían sido otorgadas al Instituto Federal de Telecomunicaciones quedarían truncadas debido a que en la iniciativa se propone que la Secretaría de Gobernación pueda ser la que realice la inspección de contenidos en medios y con ello censurar aquello que no considere de su agrado (por supuesto, sería complicado que SEGOB censurara programación de Televisa o Tv Azteca que le sea favorable o de contenido embrutecedor como las telenovelas). 

La respuesta inicial

Desde que se dio a conocer la iniciativa para las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones que fue presentada en el Senado diversos actores políticos, de medios de comunicación y de organizaciones civiles han externado sus posicionamientos en contra de esta propuesta. Particularmente se han resaltado los aspectos negativos de la misma y las implicaciones que puede tener de aprobarse. 

El día 10 de abril se convocó a través de redes sociales la primera movilización, de Televisa Chapultepec al Senado, contra la iniciativa propuesta por EPN denominada “#NoMásPoderAlPoder”. A la cita acudieron diversos colectivos y organizaciones sociales, estudiantes y trabajadores, entre ellos un grupo de electricistas pertenecientes al SME.

La movilización transcurrió de manera lenta, custodiada por lo que parecían ser elementos policíacos de tránsito, que rodearon a la manifestación. Debido a la heterogeneidad de la marcha se pudieron observar y escuchar consignas que a todas luces eran opuestas, por ejemplo, algunas pancartas a indicando que México se unía al “club de la censura” junto con países como China, Corea del Norte, Irán y Venezuela, sin saber que en este último país la mayoría de los medios masivos están controlados por la burguesía. Mientras otra pancarta preguntaba por qué ante la supuesta indignación por lo que sucede en Venezuela no existen manifestaciones de quienes apoyan a la burguesía venezolana contra Peña Nieto.
 
Al final, la movilización concluyó sin un plan acción, además de las ya características acciones “simbólicas” como lanzar aviones de papel al interior del Senado.
 
Es claro que la iniciativa enviada por Peña Nieto resulta a todas luces regresiva y peligrosa, pero más claro es que a través del tipo de acciones convocadas como primeras formas de manifestación contra la propuesta resultan limitadas y poco constructivas, en el sentido de aglutinar a un mayor número de jóvenes y trabajadores a la iniciativa. Es necesario establecer un plan de acción común que contemple acciones como las realizadas en 2012, como el cerco a Televisa que el #YoSoy132 realizó, así como también contra las medidas propuestas y por la expropiación  a los capitalistas de los medios masivos de comunicación. El periodo pasado quedó claro que lo simbólico queda solo en eso y está lejos de ser una medida efectiva contra la aprobación de contra reformas, como sucedió en el caso de la reforma energética. La tibieza o falta de voluntad en los momentos que vivimos solo conducirán más cerca al fondo del agujero en el que nos está metiendo la burguesía nacional.