El día de ayer, martes 10 de diciembre, las comisiones de Derechos Humanos y del Distrito Federal de la Cámara de Diputados aprobaron un Dictamen para reglamentar (más bien legalizar la prohibición) de las manifestaciones en la Ciudad de México, de forma sigilosa y evitando la realización del debate público entorno a la misma. La aprobación de éste dictamen se circunscribe dentro de un contexto no sólo local sino internacional de ataques a las clases explotadas por parte de la burguesía.

Los ataques de la burguesía y la legalización de la represión

Los últimos ataques de la burguesía como las contra reformas Educativa, Hacendaria y la Energética que se ha aprobado en el Senado y se discutirá ahora en la Cámara de Diputados, se encuentran dentro de una serie de ataques contra los trabajadores en México pero también a nivel internacional. La debacle del capitalismo en la Unión Europea, donde los golpes más fuertes se están dando en Grecia y España, confirma que el capitalismo, lejos de estabilizarse, está pasando por la etapa más convulsa de los últimos años.

A partir de esa condición crítica es que la burguesía, al lanzar sus ataques a través de reformas en los respectivos marcos legales de cada Estado Nacional, está generando cada vez mayor crispación en los diferentes países que recienten la crisis. Solo para poner un ejemplo, recientemente en España el gobierno encabezado por Mariano Rajoy del Partido Popular, acaba de pasar una iniciativa de Ley para regular manifestaciones, donde se incluyen una serie de prohibiciones y multas como las siguientes:

·         Convocar una manifestación no autorizada puede ser motivo de infraccción que alcanzaría 600,000 euros de multa.

·         Llevar pancartas ofensivas contra España o contra una comunidad autónoma a un partido de fútbol será constitutivo de una infracción por "ofensas a España" y supondrán una sanción grave, sancionables con hasta 30.000 euros.

·         Los escraches ante las casas de los políticos, la oposición "violenta" a un desahucio o las manifestaciones ante el Congreso o ante las Cámaras autonómicas son motivo de sanción.

Al final, quien tiene la última palabra en decidir una sanción no será un juez, sino el policía que tiene bajo su responsabilidad el juzgar si una conducta debe o no ser sancionada. Nada más parecido a un Estado policial. En Grecia, por ejemplo, el gobierno utiliza al partido fascista Amanecer Dorado y sus bandas de ataque para golpear al movimiento obrero. Todo esto no es más que la muestra de que cuando la burguesía se siente acorralada y al borde del precipicio incrementa la represión como forma de escarmiento social.

La Ley de Manifestaciones Públicas en el Distrito Federal

El Dictamen (disponible en http://goo.gl/QMGon7) aprobado ayer en comisiones de la Ley que pretende prohibir las manifestaciones que no se acomoden al gusto de la burguesía se inscribe, en el caso del Distrito Federal, de la oleada represiva que se ha desatado posterior a la llegada de Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Mancera. Desde el 1º. de diciembre de 2012 en el Distrito Federal se ha implementado una política de amedrentamiento y represión contra los movimientos sociales, como el Frente Oriente y recientemente las protestas contra el aumento de la tarifa del metro, incluso Morena, cuya base de actuación es la “resistencia civil pacífica”, no se ha librado de la mano policial de Mancera con compañeros detenidos y amedrentados por los granaderos del GDF, así no resulta raro que la principal consigna contra el Jefe de Gobierno sea: ¡Peña y Mancera, son la misma mierda!.

Pero en realidad los primeros pasos para instalar la política represiva en el D.F. los dio el propio Mancera con la aprobación del Protocolo de Actuación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal para el Control de Multitudes, en octubre de este año, que le permite a la policía realizar encapsulamientos y utilizar fuerza letal contra manifestantes. Esto no es más que un traje hecho a la medida de un cuerpo policial que se ha caracterizado en los últimos meses por usar la fuerza para disuadir a los manifestantes.

En concordancia con lo anterior y a la vieja usanza del panismo, se presentó el Dictamen de la Ley de Manifestaciones Públicas en el Distrito Federal, por parte del diputado Jorge Sotomayor (en twitter @Jorge_Sotomayor) del PAN. Lo primero a resaltar es que se trata de una legislación realizada por un órgano federal que solamente sería aplicable al D.F., es decir, los diputados federales pretenden imponer una Ley a los habitantes del Distrito Federal. Dicha posibilidad existe ya que en la Constitución, en su artículo 44, en función de que la Ciudad de México, al no tener el estatus de Estado de la República, solo puede hacer y modificar leyes en lo que expresamente está contenido en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, todo aquello no está expresado en dicho Estatuto puede ser legislado por la Cámara de Diputados.

En la exposición de motivos de la iniciativa se argumenta que resulta necesaria una “reglamentación” de las manifestaciones en virtud de que en la Ciudad de México es el lugar del país donde se desarrollan con mayor frecuencia e intensidad dichas manifestaciones. La iniciativa toma como referencia encuestas realizadas por las empresas Mitofsky y Parametría (que el lector recordará por su deleznable papel en el amañamiento de encuestas rumbo a la elección presidencial de 2012), para justificar que la “ciudadanía pide” que se regulen las manifestaciones.

Por otra parte, hace alusión al plantón de 2006 y una recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal donde el órgano solicita que para futuras ocasiones exista una reglamentación que impida “coartar derechos de terceros” por parte de los manifestantes y la policía tenga la capacidad de disolver dichas manifestaciones si éstas no están dentro de lo que se considera permitido. En síntesis, se expresa claramente que ante una insurgencia popular no hay otro camino que la represión.

El Dictamen aprobado contiene elementos regresivos y que avalan la represión como los siguientes:

·         Se propone que las manifestaciones públicas, se realicen de manera pacífica y con fines lícitos. Así como se establece como obligación de sus participantes, dar aviso a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal sobre las manifestaciones que realizarán, con el propósito de que la autoridad en su caso, trace rutas alternas; elabore planes en  caso de que se presente alguna contingencia y preste servicios básicos  a  los  participantes,  así  como  garantizar  el  derecho  de  los  manifestantes  y  de  los terceros.

·         Se prohíbe el bloqueo total y el desarrollo de manifestaciones en vialidades primarias o  de un solo carril, en el caso de vialidades secundaría de más de un carril se podrá utilizar para dicho  fin  la  mitad  de  la  vía,  cuando  sea  posible,  los  participantes  podrán  usar  los  carriles laterales. Así como se establecen horarios para la realización de  las mismas.

·         Queda prohibido a los manifestantes el proferir insultos o amenazas, emplear violencia en contra de las personas y sus bienes, intimidar u obligar a la autoridad a resolver algún asunto en el sentido que deseen, así como bloquear las vías primarias en el Distrito Federal. En caso contrario, la autoridad podrá disolver la manifestación.

·         Las manifestaciones públicas sólo podrán tener lugar entre las 11 y las 18 horas, tomando en cuenta los horarios de menor afluencia vehicular.

·         Las manifestaciones serán disueltas cuando las personas que a ellas concurran porten armas, tengan comportamientos violentos que produjesen notorias perturbaciones al orden  público  o  cuando  pongan  en  riesgo  la  integridad  física  de  las  personas  o  causen perjuicios materiales en bienes públicos o privados.

Y como infracciones se contempla lo siguiente:

·         Impedir  o bloquear totalmente el  uso  de  las  vialidades en el  Distrito  Federal;  impedir  de cualquier forma el  uso  de  las  vialidades.

·         Impedir el libre acceso de las personas a sus centros de trabajo.

·         Realizar  acciones  que  alteren  el  orden  público  durante  el  desarrollo  de  las manifestaciones.

Las formas de sanciones que se contemplan son multas, arresto, reparación del daño y servicio comunitario. Y para los granaderos y demás elementos (hasta vestidos de civil) del cuerpo represor solo se contempla otorgarles “entrenamiento  y  capacitación  sobre  derechos  humanos  a  los miembros policíacos que serán asignados a la tarea  de mantener el orden público durante las manifestaciones y actualizará de manera permanente, en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal”, es decir, charlas sin ningún efecto práctico a la hora de su actuación.

La legalización de represión está dirigida a la juventud

Como  se argumentó anteriormente, no es casual que un contexto de ataques como el que estamos viviendo se den este tipo de iniciativas de ley que son perfectas para legalizar la represión hacia las protestas sociales, pero en particular, en el contexto del Distrito Federal, los decretos e iniciativas que tratan de intimidar a la protesta social se dirigen en especial a la juventud.

Baste recordar que desde el 1º. de diciembre de 2012, pasando por el 10 de junio, la represión contra el movimiento magisterial en septiembre, el 2 de octubre, el 1º. de diciembre de este año y las diferentes protestas que han acontecido en la Ciudad, es la juventud la que está al frente de las manifestaciones. El Estado sabe perfectamente que para organizaciones ya constituidas como sindicatos o partidos existen canales institucionales por los que se puede negociar ciertas concesiones y de esa manera neutralizar explosiones sociales, sin embargo, con la juventud, tales mecanismos son inoperantes. Ante ello, en concordancia con la doctrina del palo y la zanahoria, si no es posible negociar, entonces se usará la fuerza.

La principal ventaja de la juventud del D.F. en estos momentos se encuentra en la capacidad de realizar acciones, espontáneas o más o menos consensuadas, donde un gran número de asistentes se dan cita. Sin embargo, tal posibilidad resulta en un punto determinado también su debilidad, puesto que actuar en descoordinación facilita la actuación de un cuerpo represivo que está adiestrado y cuenta con mecanismos de operación adecuados para actuar de forma coordinada. Ante ello resulta necesaria la organización, como lo que hasta ahora se ha realizado en torno al alza al metro, para garantizar que exista un mínimo de coordinación y protección entre quienes nos manifestamos. Por otra parte, resulta indispensable evitar los vicios de sectarismos que desafortunadamente prevalecen en varios compañeros y compañeras, por ejemplo, no acudiendo a la protesta contra la Reforma Energética, porque se trata de un acto “exclusivo” de Morena, o los actos en contra del alza de la tarifa del Metro, porque son organizados por compañeros ajenos a organizaciones. Es claro y perfectamente visible, al momento los ataques son varios y vienen de diferentes frentes, al Magisterio lo ha golpeado el Gobierno Federal, la Reforma Energética está pasando por ambas cámaras del congreso, el aumento del Metro viene de parte del GDF y la iniciativa de Ley de Manifestaciones Públicas en el Distrito Federal está siendo operada por diputados federales del PRI, PAN y PVEM, a pesar de que nuestras fuerzas son reducidas resulta mucho más eficaz golpear al enemigo conjuntamente que dejar ser apaleados en lo particular. Unidos podemos vencer, por separado está claro que el Estado nos tiene tomada la medida.