En los últimos años la violencia y la pobreza en nuestro país ha alcanzado niveles nunca antes vistos. El espurio gobierno de Felipe Calderón dejó un saldo de 12.2 millones de nuevos pobres, 100 mil asesinados, y 27 mil 829 desaparecidos según cifras oficiales. A nadie sorprende que con el PRI la situación no mejore. Según datos proporcionados por funcionarios federales, en los primeros cuatro meses del gobierno de Peña Nieto han sido ejecutados al menos 2 mil 821 personas y los índices de secuestros, asaltos, desapariciones forzadas, extorsiones, etc. se mantienen o incluso han aumentado.

Comunidades enteras en nuestro país han sufrido en carne propia la decadencia de este sistema en el que las autoridades lejos de combatir al crimen organizado lo defienden y forman parte de él. Ejemplos de esto abundan, siendo de los más documentados los casos de muchos municipios de la Costa Grande de Guerrero en donde los pobladores han sido atacados por el Cártel del Golfo, el Cártel de los Caballeros Templarios y por el ejército mismo. Dichas comunidades han sido víctimas de extorsiones, detenciones y ejecuciones extrajudiciales por lo que se han visto obligados a abandonar sus hogares de tal modo que comunidades enteras se han desplazado de sus lugares de origen.

Hartos de sentirse sometidos y aterrados ante la violencia, cientos de hombres y mujeres, en su mayoría indígenas, han decidido tomar las armas y conformar grupos de autodefensa para defenderse de la inseguridad y proteger en muchos casos los bosques, las minas y otros proyectos que atentan contra su patrimonio. Estos grupos se han erigido como la única garantía para alcanzar la seguridad y han pasado del hartazgo a la acción y organización.

Los movimientos de autodefensa en México surgieron desde hace varias décadas. Hoy existen grupos armados de autodefensa en al menos 9 estados (Tlaxcala, Chihuahua, Veracruz, Oaxaca, Estado de México, Morelos, Michoacán, Jalisco y Guerrero), es decir, en una tercera parte del país. Actualmente, 22 municipios étnicos (El Universal en línea) o 40 comunidades (Revista Proceso en línea) cuentan con cuerpos de seguridad propios. Aunque algunos datan del siglo XIX y otros son de reciente aparición, los pobladores igual se hastiaron de discursos, promesas, abusos y negligencia de las autoridades. Siendo los casos más relevantes los casos de Guerrero y Michoacán en donde las brigadas civiles de autodefensa han constituido órganos de coordinación regional como la CRAC.

Estos grupos se han armado con fusiles, pistolas, escopetas y hasta palos para brindar seguridad en zonas principalmente indígenas y campesinas, aunque también han surgido en estados como Jalisco y Chihuahua, estados que resaltan por los altos niveles de pobreza existentes.

Los gobiernos locales, lejos de buscar solución a los problemas que azotan dichas comunidades, tratan de reglamentar e infiltrar los grupos de autodefensa. Hace unos meses en Ayutla por ejemplo, un grupo armado, muy seguramente siguiendo órdenes del gobernador Ángel Aguirre, detuvo y asesinó a supuestos delincuentes para abrirle el paso a compañías mineras y grupos paramilitares. Tampoco hay que olvidar que organizaciones como la UPOEG han sufrido el acoso y la desaparición de algunos de sus integrantes, como la ocurrida el pasado 12 de marzo en la comunidad de Tianquizolco, en donde Flora Bahena, Fabián Lagunas Ramírez y Jesús Muñoz Bailón fueron levantados por desconocidos y aún siguen desaparecidos.

Además del acoso del narcotráfico y de las autoridades, las también llamadas policías comunitarias enfrentan grandes limitaciones, entre ellas las legales ya que la ley les exige operar sólo en sus comunidades (indígenas) y cuando logran detener y juzgar a los delincuentes, deben entregarlos al poder judicial para ser procesados y, en la mayoría de los casos, liberados. Es importante resaltar que en la mayoría de los grupos de autodefensa la demanda principal de estas brigadas de autodefensa es el regreso de la paz, se deja de lado que bajo este sistema la paz para el explotado es imposible de alcanzar, ya que del capitalismo se desprenden el desempleo, la migración y la pobreza causantes de la violencia e inseguridad actuales.

Desde el punto de vista de los analistas burgueses y de algunos de izquierda, el Estado debe de resolver el problema de la violencia y asegurarse de brindar seguridad a la vida y bienes de la población. Argumentar o demandar esto es no comprender el carácter de clase del Estado. El marxismo nos enseña que el Estado es un instrumento para la opresión de una clase por otra, por lo que el Estado no puede ser neutral. En el sistema capitalista el Estado es una herramienta utilizada por la burguesía para oprimir a los trabajadores, de tal manera que todo cuanto hace y deja de hacer el Estado obedece a la lógica de favorecer a la clase dominante sin importar los deseos o intereses de la mayoría de la población.

El fenómeno de los comités de autodefensa expresa la decadencia del capitalismo y su incapacidad para garantizar la seguridad de la población, por otra parte muestra el potencial revolucionario de la población, que los pobres y los trabajadores son capaces de garantizar la seguridad mucho mejor que los corruptos organismos de seguridad del Estado.

Pese a que la opinión pública burguesa presenta a estos grupos como una amenaza a la seguridad pública y como sinónimos de caos y barbarismo la realidad es lo contrario, de ahí la solidaridad existente entre la población hacía estos grupos. En una encuesta de opinión realizada a nivel nacional por Parametría, 6 de cada 10 personas aprueban la existencia de policías comunitarias y 5 de cada 10 estaría dispuesto a formar parte de una de ellas.

Por supuesto mientras estos comités no se vinculen con el movimiento obrero y se doten de un programa político que pueda sustituir al Estado burgués, y aún estamos lejos de eso, tenderán a ser disgregados o incluso cooptados por el Estado, pero son un botón de muestra de lo que está por venir en el país. Es importante diferenciar los grupos de autodefensa de la población como han sido los casos de Cherán en Michoacán de las guardias blancas y matones pagados por el Estado, es tan importante diferenciarlos –aunque formalmente tengan elementos comunes- como importante es diferenciar los sindicatos combativos de los charros o a las organizaciones estudiantiles de izquierda de los porros.

Creemos que es fundamental la vinculación de estos grupos de autodefensa con las bases del Morena y con el movimiento obrero a nivel nacional, ya que la batalla no sólo debe ser por seguridad sino en contra del régimen y contra su programa de ataques. Sólo así esas experiencias pueden fructificar e integrarse a la lucha, a largo plazo, por la caída del gobierno y su sustitución por comités de autodefensa de los trabajadores, es decir el pueblo en armas, un organismo capaz de garantizar la paz y defender las conquistas sociales.