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“Las revoluciones no se hacen por menudencias, pero nacen por menudencias”.
Los cambios climatológicos en todo el mundo han hecho más impredecibles los periodos en los que se deben de presentar eventos naturales como las lluvias, los huracanes, etc. Pero a pesar de eso, se pueden realizar acciones que permitan mitigar en la manera de lo posible los estragos que estos puedan causar a la población en donde año con año se tiene registrados que estos eventos suceden. En el caso de Tabasco, el Gobierno del estado comenzó un plan para mitigar estos acontecimientos hace 15 años, pero lo que se puede constatar es que a pesar de que en cada una de las administraciones priistas se pagaron excesivos montos por concepto de obras de mitigación hidráulica y se firmaron actas de entrega –recepción de obras terminadas-, estas aun no están concluidas al 100%.
Pero en la inundación de Tabasco intervinieron más variables. En 1992 se reformó la ley para permitir la inversión privada en la generación y venta de electricidad. Desde entonces, las cuatro presas propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con sus respectivas plantas hidroeléctricas instaladas en el río Grijalva, se han visto afectadas por la prioridad que altos funcionarios dan a las plantas pertenecientes a empresas privadas -todas ellas extranjeras-, bajo el esquema llamado “productor independiente de energía” (PIE). Esto es resultado de una reforma legal, pero anticonstitucional, desde el tiempo de Carlos Salinas de Gortari. Desde el año 2000 estas empresas extranjeras empezaron a venderle energía a la CFE.
Sin ir más lejos, el año pasado la CFE compró a empresas extranjeras el 31% de la electricidad que se consume en el país. Esta política, año con año, está afectando el sistema hidroeléctrico del Grijalva, integrado por las presas Angostura, Chicoasén, Malpaso y Peñitas. Cabe señalar que antes del año 2000, la generación del sistema hidroeléctrico iba en aumento, pero a partir del gobierno de Fox y hasta el año pasado estas hidroeléctricas bajaron su producción en un 32% para beneficiar a las empresas privadas. El caso más grave es el de la presa Peñitas, que en ese periodo bajó casi un 66% su generación de energía eléctrica mientras las empresas extranjeras aumentaron dicha generación. En el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico 2007-2016 se advierte que esta política privatizadora incrementará los costos del servicio público de electricidad y obligará a las hidroeléctricas de la CFE a operar sobre sus niveles de seguridad poniendo en riesgo a la población aguas abajo. Esta política privatizadora del Gobierno federal de mantener apagadas las hidroeléctricas de la CFE ha dado lugar a un irresponsable manejo en la operación de la hidroeléctricas en todo el país. Especialmente, en las que se encuentran en el rio Grijalva, incluida Peñitas, que fue la causa fundamental de la inundación en Tabasco. Es muy importante tomar en cuenta esta experiencia, porque lo mismo se pretende hacer con las nuevas refinerías, que serán privadas, y casi seguro también de trasnacionales. Con la “reforma energética”, Pemex daría el petróleo crudo y recibiría los refinados (como lo hace CFE dando gas y recibiendo electricidad) pagando precios altísimos. Una refinería es mucho mayor, más cara y más complicada que una planta eléctrica. ¿Qué sucederá con las refinerías de Pemex si entran en operación las nuevas refinerías privadas? Con la reforma energética de 1992 estamos viendo una muestra. Aún estamos a tiempo de prevenir desgracias como la sufrida por el pueblo tabasqueño.
Queda más que claro que la inundación fue producida por una mezcla de intereses, corrupción y olvido de los dueños del dinero de este país y de los gobiernos local y federal que se han encargado de solapar a las empresas transnacionales.
