A principios de agosto, el gobierno fraudulento de Calderón, a través del secretario de comunicaciones y transportes, Dionisio Pérez Jácome, anunció que iniciaría el “proceso de rescate y licitación” de la banda de 2.5 Ghz, con el fin de que nuevos operadores exploten y ofrezcan la banda ancha de alta velocidad y servicios de cuarta generación. De esta forma, la SCT “rescatará” 68 concesiones vigentes, de las cuales 42 están bajo el control de MVS.

El gobierno federal afirma que dicho “rescate” obedece a que la empresa MVS no estuvo dispuesta a pagar lo suficiente para conservar la cantidad del espectro necesaria y desarrollar así su proyecto. Según la empresa, la Secretaría de Hacienda exigía la cantidad de 1,238 millones de dólares, mientras que MVS proponía pagar 680 millones de dólares para que el proyecto fuera “económicamente viable”.

A decir de la empresa, su proyecto proponía explotar la banda de forma eficiente y lograría así mejorar las telecomunicaciones y disminuir sus precios al público. Sin embargo, conforme pasan los días y semanas, queda más que claro que independientemente del buen o mal desempeño de MVS en el uso de la 2.5, la decisión de retirarle las concesiones en cuestión no se tomó con el propósito de privilegiar el interés público ni de preservar bienes nacionales, en el asunto de las telecomunicaciones (al igual que en todos los demás asuntos del país) el gobierno fraudulento de Calderón nunca ha tenido dicho propósito.

Pese a que Pérez Jácome declarara que la decisión del rescate no simboliza un ataque frontal contra MVS, porque según él a todos los concesionarios se les da el mismo trato, los documentos exhibidos hace unos días por el presidente del consejo de administración de la empresa, Joaquín Vargas, dejaron en evidencia el chantaje de Los Pinos para negociar la concesión de la banda de 2.5 Ghz a cambio de no recontratar a la periodista Carmen Aristegui, o lograr que ésta se disculpara con Calderón después de que Aristegui cuestionara el supuesto alcoholismo del espurio. Las palabras de Javier Lozano no dan mucho pie a interpretaciones: “Hemos encontrado que tu proyecto de la (banda de) 2.5 Ghz tiene méritos propios, pero si recontratas a la periodista (Carmen Aristegui), a tu proyecto se lo lleva la chingada”.

Vale la pena hacer un paréntesis en este artículo y mencionar que la decisión del gobierno federal no afectará otros negocios de Joaquín Vargas, pero aunque así fuera éste parecería no encajar del todo como una víctima más del gobierno, de hecho las pruebas mostradas por Vargas dejaron entrever que este empresario lejos de ser un ferviente defensor de la libertad de expresión, vio y utilizó el caso Aristegui como moneda de cambio con el gobierno federal, y que si la recontratación de la periodista se concretó fue, entre otras cosas, por las importantes ganancias que él obtiene por el noticiero estelar de MVS, el más escuchado de la radio mexicana.

Hace unos días, una juez federal, argumentando que se trata de un asunto de “interés público”, negó a MVS la suspensión definitiva con la que la empresa buscaba detener el “rescate”. Pero para el pueblo mexicano está claro que despojar a MVS de la banda de 2.5 Ghz. no es para ponerla al servicio de la nación, sino para entregarla a Televisa y TV Azteca en detrimento del interés nacional, de la pluralidad y de la “libre competencia” a la que tanto apelan los teóricos burgueses cuando les resulta conveniente.

De manera abierta, el gobierno de Calderón ha manejado las concesiones de la telecomunicaciones para favorecer principalmente a Televisa y fortalecer así las tendencias monopólicas de la economía mexicana. El mencionado “rescate” es una más de las formas (junto con la aprobación de la asociación concentradora a través de Iusacell, etc.) de responder a los intereses del duopolio televisivo que domina gran parte de las emisiones y de las telecomunicaciones en el país, y para el cual MVS ha sido siempre un competidor incómodo.

Los casos de MVS, de Mexicana de Aviación y de Luz y Fuerza del Centro, dejan en evidencia el conjunto de complicidades existentes entre el poder público y las corporaciones empresariales que dominan la economía mexicana.

La banda de 2.5 Ghz. es una de las bandas más valiosas del mundo de las telecomunicaciones que permitiría ofrecer servicios de telecomunicaciones móvil y de banda ancha de manera más avanzada y barata. Según datos del 2010 de la OCDE, México ocupa el penúltimo lugar entre los países miembros en el uso de la banda fija por habitante, con una penetración de 10.1 suscriptores por cada cien habitantes. Al mismo tiempo, México ocupa los lugares más altos en cuanto precios y costo de suscripción mensual.

El caso de la 2.5 Ghz. es un botón de muestra de cómo el modo de producción capitalista se ha convertido en un lastre para el desarrollo de la humanidad. El capitalismo que basa su existencia en la propiedad privada de los medios de producción, impide desde hace muchos años el desarrollo de los mismos. En México, la concentración del capital en el sector de las telecomunicaciones obstaculiza hoy como nunca no sólo el acceso de la población a la tecnología, sino el desarrollo de la misma incluso para beneficio de miembros de la misma burguesía. La socialización de los medios de comunicación es incompatible con la propiedad privada de los mismos, más aún si ésta es monopólica.

La solución lejos está de encontrarse en que más empresarios puedan lucrar con lo que es del pueblo ya que eso sólo garantizaría tener más de lo mismo, más medios de comunicación burgueses no garantizaría más libertad de expresión ni más democracia. Además, no podemos olvidar que en el capitalismo, la obtención de ganancia de los empresarios ocurre a costa de la explotación de la clase trabajadora, así que para que los servicios de telecomunicaciones se abarataran, los empresarios rebajarían los derechos y niveles de vida de los trabajadores del sector.

Para el pueblo mexicano la única manera de garantizar un verdadero acceso democrático a las telecomunicaciones es expropiar a los grandes monopolios poniéndolos bajo control del pueblo trabajador.